El empresario de la comunicación Jacinto Farrús se sentará en el banquillo de los acusados a partir de mañana por presuntamente concertarse con exaltos cargos de Unió Mallorquina (UM) a fin de que sus empresas se vieran beneficiadas por la Administración como recompensa por haber sufragado los gastos de la campaña electoral de 2007 del extinto partido.

Junto a él se encuentran acusados otros nueve inculpados, entre quienes figuran el exconseller de Turismo del Govern Francesc Buils y el de Economía del Consell Miquel Àngel Flaquer, que, según la Fiscalía Anticorrupción, idearon un plan dirigido a retribuir a quienes habían sufragado los costes de la campaña y ello mediante contrataciones amañadas desde el Instituto de Estrategia Turística (Inestur).

La Fiscalía les atribuye la comisión de presuntos delitos continuados de fraude a la administración, prevaricación, tráfico de influencias, cohecho pasivo y activo, destrucción de documentos y malversación de medios materiales de la administración, por los que Buils y Flaquer se enfrentan a una petición de diez años de cárcel y Farrús, siete y medio. Los hechos se enmarcan en la pieza número diez del denominado caso Voltor.

"Los acusados, tanto los que eran empleados públicos o cargos por designación política como los que eran particulares -todos ellos con vinculación a UM- acordaron que unos financiarían de manera encubierta al partido y que a cambio serían retribuidos con el uso de los fondos públicos", relata en su escrito el Ministerio Público.

La acusación incide en que el uso "arbitrario" de los fondos públicos se llevó a cabo como contrapartida por los gastos electorales que las sociedades de Farrús habían efectuado, y por los contratos a trabajadores que figuraban como empleados de esas empresas, pero que en realidad estaban a disposición de la formación política.

Para ello, Buils y Flaquer, según el relato de la Fiscalía, dieron a los acusados vinculados al Inestur las órdenes oportunas para que favorecieran a las mercantiles de Farrús, principalmente a Marxant Balear, de la que era administrador único. "Dado que esta sociedad era la empresa matriz del grupo Marxant Consulting, el trato de favor se extendió a todo el grupo de empresas", asevera la Fiscalía Anticorrupción en su escrito de calificación.