Alexander Ivanovich Romanov, el presunto integrante de la mafia rusa detenido hace dos años en Mallorca, pretende por todos los medios que no se le vincule con la organización criminal Taganskaya, que actúa en la ciudad de Moscú. El empresario ruso intenta que el tribunal de la Audiencia de Palma declare nula las intervenciones telefónicas, una de las principales pruebas que tiene la fiscalía Anticorrupción para demostrar que intentó blanquear 14 millones de euros, procedentes de actividades ilegales en Rusia. Este dinero se invirtió en proyectos turísticos en Mallorca, como fue la compra de un hotel en Peguera. Su abogado, Cristóbal Martell, cuestionó el origen de la investigación. Denuncia que se intervinieron ilegalmente las conversaciones. Estos alegatos, en principio, no han convencido al tribunal, que anunció que resolvería estas cuestiones técnicas en sentencia.
Romanov lleva más de dos años en prisión. Ayer se convirtió en el primer presunto capo mafioso ruso que es juzgado en Mallorca, acusado de una serie de delitos, sobre todo de blanqueo de dinero, por los que la fiscalía Anticorrupción le reclama 17 años de prisión. Romanov comparte banquillo con su esposa Natalia y con los padres de ella, Boris y Margarita Vinogradova. El matrimonio está acusado de actuar como testaferro de su yerno para introducir el dinero en España, a través de transferencias bancarias.
En el mismo juicio se juzga a otros seis acusados. Se trata de las personas que ayudaron en Mallorca al matrimonio ruso a crear la sociedad con la que se canalizaron los ingresos económicos, así como a los colaboradores que trabajaron con Romanov para realizar la compra y reforma del hotel que iba a gestionar en Peguera. También se juzga a un policía local de Palma, que está acusado de buscar en el archivo información de una serie de trabajadores que realizaban la reforma del hotel. Romanov, a través de la campaña que realizó su esposa por medio de un canal de internet, ha negado cualquier vinculación con este grupo criminal. Su abogado Cristóbal Martell, en las cuestiones previas planteadas al inicio del juicio, mantuvo que no existía ningún motivo sólido que justificara el inicio de una investigación de su cliente y de su familia, que se prolongó durante 20 meses. Durante este tiempo, a través de la intervención de las llamadas telefónicas y de los correos electrónicos, se vinculó a Romanov con actividades criminales de su país, sobre todo a través de acciones violentas para hacerse con el control de determinadas empresas. El letrado cuestionó que a su cliente no se le habían respetado los derechos fundamentales, como son la intimidad, el secreto de las comunicaciones y la tutela judicial efectiva. Martell cuestionó el trabajo de los servicios secretos internacionales que sitúan a Romanov como uno de los destacados integrantes de este grupo mafioso que, además, estaría controlado por varios de los políticos más influyentes de Rusia, que ocupan cargos de máxima responsabilidad en su país. De hecho, estos servicios secretos aseguran que Romanov no sería más que un testaferro cualificado de Alexander Torshin, el vicepresidente del Senado de Rusia, que sería el verdadero propietario del hotel de Peguera, por el que se pudo pagar unos diez millones de euros. La defensa asegura que la fuente de información de estos servicios secretos son los artículos de una página de internet. En su brillante exposición, Cristóbal Martell cuestionó la "estigmatización" que había sufrido Romanov, por tener dinero y porque fue condenado. "Ser ruso y tener dinero, en España representa que se dedica al blanqueo de dinero", dijo.
La defensa volvió a pedir al tribunal, como fuente de prueba, que intente la citación para que declaren en el juicio de tres de los más destacados, según los servicios de inteligencia, jefes de la mafia de Moscú. Se trata de Gregory Rabinovich, Igor Zhirnokleever y Vladimir Grekov. A los tres se les busca por varios países por acciones criminales. El abogado de Romanov pretende que estas tres personas desvinculen al detenido en Mallorca con estas actividades criminales que se cometen en Rusia. El tribunal ya en su momento denegó esta prueba, porque sería prácticamente imposible conseguir localizar a estos tres individuos y mucho menos que voluntariamente se desplacen a Mallorca. Si fuera así, serían de inmediato detenidos.
Círculos criminales
Juan Carrau, que ejerce la acusación junto al también fiscal José Grinda (especialista en organizaciones mafiosas rusas instaladas en Mallorca) defendió el origen de la investigación, basada en las sospechas por las elevadas transacciones económicas que realizó el matrimonio Romanov, para entrar el dinero en España. La fiscalía Anticorrupción no tiene ninguna duda de que el empresario detenido en Mallorca forma parte de la mafia y por ello Juan Carrau contestó a la defensa asegurando que sus clientes estaban integrados en los "círculos criminales". Los fiscales sostienen que el dinero en metálico que se utilizó para comprar el hotel Mar i Pins de Peguera es una maniobra de blanqueo, ya que estos fondos proceden de actividades ilegales en Rusia.
La fiscalía pretende que varios expertos de inteligencia del FBI y de Interpol acudan a declarar al juicio, para explicar las investigaciones que se han hecho para vincular al ruso detenido en Mallorca con esta importante organización criminal. Es la primera vez que funcionarios de estos grupos de investigación tan especializados declararán en un juicio celebrado en Palma.
Sobre las cuestiones previas, el tribunal que preside el magistrado Diego Gómez Reino señaló que el tema de las conversaciones telefónicas se resolverá en sentencia. La Sala denegó los testigos que pedía la defensa.
