El tribunal de la Audiencia de Palma que juzga el caso de presunto blanqueo de 14 millones de euros de la mafia rusa por una organización liderada en Mallorca por Alexander Romanov decidirá en sentencia sobre la anulación de las pruebas que su defensa considera que se obtuvieron de manera ilegal.

"No nos vamos a pronunciar definitivamente, pero en principio no vemos tacha", ha manifestado al final de la primera jornada del juicio, centrada en las cuestiones previas, el presidente del tribunal, Diego Gómez Reino.

El abogado de Romanov, Cristóbal Martell, ha reclamado la nulidad de todas las pruebas obtenidas a partir de pinchazos telefónicos, intervención de comunicaciones informáticas y registros porque considera que estas medidas suponen una vulneración de derechos fundamentales injustificada, dado que contra el ciudadano ruso no había más que sospechas injustificadas basadas en la "estigmatización" por su nacionalidad y su condición de exconvicto.

Por contra, el fiscal Anticorrupción Joan Carrau ha argumentado que Romanov y su esposa, también acusada, estaban ligados a "círculos criminales" mafiosos en su país, realizaron operaciones empresariales sospechosas y manejaban fondos en metálico de origen injustificado, lo que avalaba la autorización de los medios de investigación que se emplearon.

Gómez Reino ha indicado que los planteamientos de la defensa del principal acusado desbordan los contenidos propios de las cuestiones previas y ha recalcado que, sin entrar en el fondo del asunto, el tribunal no aprecia una vulneración de los derechos fundamentales que le obligue a adelantar un análisis que realizará cuando dicte sentencia al concluir el juicio.

Por otro lado, los magistrados han denegado la solicitud del letrado de Romanov de que se llame a declarar a tres ciudadanos rusos identificados por la Fiscalía como líderes de la mafia Taganskaya. Sí han admitido la incorporación como nuevos testigos de expertos del FBI y la Interpol propuestos por la Fiscalía.

El juicio se retomará el próximo día 16 con el inicio de la declaración de los acusados y está previsto que se prolongue durante varias semanas.