Una juez de primera instancia de Palma ha rechazado la posibilidad de evitar que Can Poleta, la valiosa finca de Pollença que es propiedad del exbanquero Mario Conde, salga a subasta. La magistrada deniega una demanda presentada por el abogado de la sociedad de Luxemburgo Beitiligung, una empresa ficticia que controla la familia Conde. Es el mismo abogado que, según la Audiencia Nacional, ayudó al antiguo financiero a blanquear el dinero que tenía en el extranjero. Este letrado, Javier de la Vega, también ingresó en prisión por colaborar en los delitos que, supuestamente, habría cometido el antiguo presidente de Banesto. La subasta de esta propiedad mallorquina la había propuesto la Dirección General de los Registros y Notariado, según se detallaba ayer en una información publicada en El País.
El exbanquero adquirió esta finca de Can Poleta a su suegro. En su momento se sospechó que se trató de una compra ficticia, ya que con ella se evitó el embargo de la propiedad, dado que su suegro, Alejandro Arroyo, empresario de la construcción, había dejado de pagar un préstamo.
Con esta sospechosa operación la finca de Pollença pasó a ser propiedad de una sociedad controlada por Conde y por Arturo Romaní, otro directivo del banco. Poco antes de que el Supremo confirmara la sentencia del caso Banesto, Conde vendió la vivienda a una sociedad domiciliada en Luxemburgo. El precio fue de 600.000 euros. Al mismo tiempo, se firmó un contrato de alquiler, por 18.000 euros cada trimestre, para que la familia Conde pudiera continuar residiendo en esta casa mallorquina. Los pagos se fueron abonando hasta la muerte de la esposa de Conde, Lourdes Arroyo. Después ya no se pagó ni un solo trimestre más, pero la sociedad no instó el desahucio de los inquilinos, lo que demuestra que la sociedad de Luxemburgo que adquirió la casa estaba bajo el control de Mario Conde.
Otro detalle que confirma estas sospechas es que la hija del financiero abrió una cuenta bancaria en una oficina de Pollença a nombre de esta sociedad de Luxemburgo, cuando teóricamente no tenía ninguna vinculación con esta empresa.
Durante un periodo próximo a diez años esta sociedad fue recibiendo fondos económicos por casi 600.000 euros. Este dinero servía para financiar los gastos propios de la finca, incluidos los sueldos del personal que se encarga del mantenimiento y de la limpieza. El auto que ordenaba el ingreso en prisión del expresidente de Banesto incidía en que el posadero de Can Poleta y el chófer personal de Mario Conde tenían firma autorizada en esta cuenta bancaria de Pollença, que fue abierta a nombre de la sociedad de Luxemburgo.
Las distintas sociedades que se convirtieron en titulares de las propiedades de Conde han dificultado el embargo de bienes.
