Las once personas acusadas de lesiones y coacciones por los incidentes ocurridos en agosto de 2005 cuando un grupo de militantes ecologistas y nacionalistas irrumpió en la piscina del chalé del periodista Pedro J. Ramírez en la Costa de los Pinos de Mallorca han sido absueltos por prescripción.
Tanto los ocho encausados que protestaron en la zona de la piscina para reclamar su uso público como los dos guardias de seguridad privados y el escolta de Ramírez que trataron de impedirles el acceso han admitido retirar las acusaciones mutuas en el juicio celebrado hoy en Palma.
La fiscal del caso, en atención al tiempo transcurrido desde el altercado, a la paralización de la causa durante más de seis meses y al carácter de falta de los hechos atribuidos a los acusados, ha elevado a definitivas sus conclusiones y ha pedido la absolución.
Las defensas y las acusaciones se han sumado a ese planteamiento y los acusados han declarado ante la jueza que aceptaban las conclusiones del ministerio público y renunciaban a recurrir el fallo.
En el escrito de acusación, la fiscal relata que el altercado se produjo en la mañana del 13 de agosto de 2005, tras una rueda de prensa del Lobby per la Independència junto al chalé del periodista en la que representantes de partidos de izquierdas y grupos ecologistas reclamaron el derecho de paso por la zona de dominio público ocupada por la piscina.
Varios de los participantes en el acto político, "a pesar de tener conocimiento" de que el Gobierno había dado un plazo al periodista para que presentara un proyecto de uso público de la piscina que aún estaba vigente, se dirigieron a la plataforma anexa a la casa en que se encuentra la piscina con el propósito de acceder al espacio, según recoge el escrito.
Entonces -relata la fiscal- se produjeron forcejeos entre los agentes de seguridad privada y los activistas en los que varios sufrieron lesiones de las que se acusaban mutuamente, además de cruzarse amenas en algunos casos.
Hoy ambas partes han admitido que la violencia física y verbal fue mutua y se han conformado con las conclusiones del ministerio público, con la rebaja de los presuntos delitos a faltas y con la absolución por prescripción.
Entre la resolución de la Audiencia respecto a los últimos recursos contra el auto que cerraba la instrucción de los hechos y la providencia en la que el juzgado instaba a las partes a formular acusación pasaron 2 años y 4 meses y los hechos han llegado a juicio 11 años y 9 meses después de producirse.
