Caso Rocamar

Turismo analiza si adopta medidas contra la cúpula funcionarial tras su imputación

Cuatro altos funcionarios de la Conselleria están siendo investigados por el presunto pelotazo en la adquisición del Rocamar en el año 2012

04.05.2016 | 01:56
El presidente Bauzá y el exconseller Jaime Martínez, en una visita de obras al Rocamar.

­La conselleria de Turismo decidirá si adopta medidas disciplinarias contra su cúpula funcionaral que está siendo investigada por posible corrupción en el caso Rocamar, para lo cual se está a la espera de conocer los detalles del sumario. La resolución vendrá determinada por la gravedad de los delitos que el juez y la Fiscalía Anticorrupción imputa a cuatro de los altos funcionarios del departamento, y su presunto grado de participación y responsabilidad.
El juzgado de instrucción número 1 de Palma ha citado como investigados a José Francisco Enseñat, jefe de servicio de la inspección y estrategia turística, que actualmente se encuentra de baja; el arquitecto Bernardino Seguí, jefe del servicio técnico; Bartomeu Alcover, jefe de servicios generales, y José Oliver, jefe de los servicios jurídicos. La Fiscalía Anticorrupción quiere aclarar si los tres últimos se confabularon con el primero para que resultara beneficiado en la compraventa del viejo hotel Rocamar, en el Port de Sóller, provocando que el Govern pagara un presunto sobrecoste de casi 700.000 euros.

El vicepresidente y conseller de Turismo, Biel Barceló, anunció el viernes pasado que el Ejecutivo se persona como acusación en el procedimiento judicial. Ahora su departamento está pendiente de que el magistrado instructor acepte a la Abogacía de la Comunidad Autónoma como parte del proceso y le dé traslado del expediente. Fuentes de la conselleria de Turismo explican que entonces se analizará qué posibles delitos se atribuyen a cada uno de los funcionarios encausados, y se decidirá si se les aparta preventivamente de sus puestos, se toman otras medidas, o bien se les permite continuar hasta que se dicte sentencia.
En la mayoría de casos los cuatro investigados ocupan plazas de libre designación, aunque para recolocarles se debe motivar adecuadamente. Su supuesta implicación en un caso de malversación de fondos públicos puede justificar un cambio de sitio de trabajo, al tener los cuatros importantes responsabilidades en materia turística, pero desde la Conselleria quieren ser prudentes y no adoptar sanciones hasta que afloren más detalles de la investigación. Los cuatro funcionarios deben comparecer ante el juez a principios de junio, después de haber solicitado un aplazamiento.
José Francisco Enseñat, el jefe de inspección turística, ya fue citado hace semanas, pero no se presentó al juzgado por causas desconocidas y ahora ha sido requerido en una nueva fecha.
Anticorrupción indaga si en la compra en 2012 del desaparecido hotel Rocamar, en el Port de Sóller, se produjo un desvío de fondos públicos que fueron a parar a la familia del citado Enseñat.

Contrainformes

En su día Turismo encargó una tasación del valor del suelo urbanizado para su adquisición y esponjamiento de la zona. El reconocido perito Pere González Nebreda dictaminó que el precio a abonar era de casi 300.000 euros, ya que había que deducir otros 700.000 al estar el inmueble en ruina.
No obstante, finalmente la conselleria de Turismo abonó cerca de un millón de euros. Desoyó la tasación de Nebreda en base a tres contrainformes de Bernardino Seguí, Bartomeu Alcover y José Oliver, compañeros de trabajo de Enseñat en la Conselleria, que aseguraban que al no haberse declarado la ruina legal del edificio, el valor del solar era de 971.671 euros.
Los tres funcionarios autores de los informes denunciaron a Diario de Mallorca por calumnias en 2013, poco después de que este medio destapara el supuesto sobreprecio. En un hecho insólito, fueron asistidos por la Abogacía de la Comunidad, con recursos públicos, que ejerció la acusación contra este periódico hasta que el juez ha archivado la denuncia al constatar que las informaciones de este diario fueron "veraces".
La reactivación judicial del caso Rocamar también tiene repercusiones políticas. El último exconseller de Turismo del PP, Jaime Martínez, también está encausado en este procedimiento. Su imputación ha truncado su carrera política más inmediata, como reconocen en su partido. Martínez aspiraba a disputar a otro exconseller, Biel Company, la presidencia del PP balear en el congreso que se demora día tras día. El ex titular de Turismo aglutinaba al sector más españolista y de derecha, frente al regionalismo que defiende Company. "Jaime no puede presentarse, es una lástima pero es así", se lamentan algunos de sus apoyos ahora.

Martínez por su parte ha acusado a la ahora presidenta del Govern Francina Armengol de haber impulsado "una querella política" en su contra. El PSOE presentó una denuncia en enero de 2013 por el presunto pelotazo urbanístico en torno al Rocamar, que luego ha asumido la Fiscalía Anticorrupción.

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