El juez Juan Manuel Sobrino, titular del juzgado de instrucción número 1 de Palma, ha imputado al actual jefe del servicio de inspección de la conselleria de Turismo, José Francisco Enseñat, por el llamado caso Rocamar. Se da la circunstancia de que hace varios días este funcionario había sido citado a declarar por el magistrado, pero no se presentó a la cita en el juzgado, desconociéndose la causa de dicha ausencia. El juez, en cualquier caso, decidirá una nueva fecha para dicha declaración, en la que el inspector de turismo tendrá que defenderse por la denuncia que ha presentado la fiscalía Anticorrupción, que sospecha que en esta operación urbanística se han podido cometer los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y negociaciones prohibidas.

Desde que el juzgado decidiera retomar esta investigación, el juez ya ha imputado formalmente a cinco personas, pero en fuentes próximas al caso se da por seguro que la cifra de investigados va a aumentar. Además de Enseñat, el magistrado ha decidido la imputación del exconseller de Turismo, Jaime Martínez, y de los tres funcionarios que realizaron el informe que contradecía el dictamen que realizó el arquitecto Nebreda, que determinó que el valor del hotel en ruinas era mucho menor del precio que finalmente pagó el Govern. Los tres funcionarios, los mismos que denunciaron a este periódico por las publicaciones sobre este escándalo, están acusados de haber redactado un informe en el que se favorecía claramente los intereses de su compañero.

José Francisco Enseñat es el hijo de Jaime Enseñat, el conocido empresario de Sóller que falleció hace algunos meses. Francisco Castañer, el dueño del abandonado hotel Rocamar, solicitó un préstamo personal a Jaime Enseñat, entregando como aval dicho inmueble de Sóller. Cuando Castañer, que también ha sido imputado, cobró casi un millón de euros de la conselleria de Turismo, inmediatamente entregó este dinero a Enseñat, devolviéndole de esta forma el préstamo que le había realizado diez años antes.

Castañer ya ha declarado ante el juez. El Rocamar cerró sus puertas en el año 2002. Según los documentos que baraja el juez, en el año 2005 el empresario firmó una escritura notarial de préstamo con Jaime Enseñat y con su esposa. En el documento se determinaba que el préstamo que recibía el hotelero era de 990.000 euros y que debía pagar un dos por ciento de interés. Castañer, que es una persona enferma y tiene problemas de memoria, declaró ante el magistrado que no "fue tanto dinero", rechazando por tanto que hubiera recibido la cifra que se decía en el documento notarial. "Era para tapar pequeños agujeros. En pesetas creo recordar que cobré dos millones y medio", es decir, 15.000 euros.

El hotelero aseguró al juez que él no estaba presente cuando se firmó la escritura notarial. En el año 2007, Castañer concedió una entrevista a un diario local, declarando que en ese momento solo pedía por el hotel en ruinas la cantidad de 120.000 euros. Sin embargo, varios años después la cifra definitiva que cobró superó con creces esta cantidad, ya que percibió casi un millón de euros.

Este veterano empresario de Sóller negó ante el juez que él hubiera intervenido en un plan para defraudar a la administración, en el que supuestamente habría intervenido el jefe de inspección de la conselleria de Turismo y sus padres. El hombre reconoció que no encontraba ninguna lógica a la operación, pero insistió en que nunca había pedido tanto dinero como se señalaba en la escritura del préstamo.

Se da la circunstancia de que el juzgado ha tardado mucho tiempo en poder localizar a esta persona, que sigue residiendo en Sóller. El hombre tuvo que solicitar la asistencia de un abogado de oficio, dada las dificultades económicas que padece, que le impiden contratar a un defensor de pago.