Acusados del caso Peaje, una supuesta trama de sobornos y desvíos de fondos públicos en torno a la ampliación de la carretera de Palma a Manacor, están negociando con la fiscalía anticorrupción y el Consell un acuerdo de conformidad, que atenuaría sus posibles condenas de cárcel y haría ociosa la celebración de un juicio ante un jurado popular. Uno de los principales escollos para el acuerdo estriba en dictaminar qué sector de los acusados - la excúpula de carreteras del Consell con UM, la UTE que construyó la autovía, o un grupo de empresarios vecinos de esa carretera o proveedores de las obras- corre con la indemnización de 42 millones de euros de sobrecostes que reclama el Consell de Mallorca.
Los contactos de las defensas con los fiscales anticorrupción se han iniciado nada más presentarse por éstos últimos su escrito de acusación, donde se reclaman penas muy elevadas para los principales acusados.
El caso Peaje, la presunta trama de corrupción que salpicó a la cúpula de Carreteras del Consell de Mallorca entre 2003 y 2007 y que supuso para las arcas públicas unas pérdidas de, por lo menos 42 millones de euros, será juzgado por un tribunal popular, si no prosperan las negociaciones.
Antoni Pascual
Los principales encausados son el exconseller de Carreteras Antoni Pascual; el exdirector insular de Carreteras, Gonzalo Aguiar; el exingeniero jefe Francisco Orejudo, y el celador Gabriel Mestre. Todos habrían formado parte de una trama de malversación de caudales y cobro de comisiones en forma de obras y en metálico.
Otros de los acusados son antiguos responsables de la UTE Desdoblamiento C-715 (antiguo nombre de la carretera); proveedores de la misma y empresarios con negocios en la vía. Por la UTE figuran Jerónimo Gutiérrez, jefe de obra; José Javier Navarro, jefe de producción; Jaime Mascaró, gerente; y Carlos Calafat, jefe de seguridad.
Entre los proveedores y empresarios se hallan: Miguel Riera, responsable de Electro Hidráulica; Sebastià y Bartomeu Cloquell, dueños de Germans Cloquell; y Guillermo Garí, propietario del restaurante El Cruce. Por último se halla implicada Mónica Florit, compañera sentimental de Francisco Orejudo.
Pago de la responsabilidad civil
La fiscalía anticorrupción en las conformidades selladas en otros casos de corrupción siempre exige dos requisitos: que se admitan los hechos y que se cubran las responsabilidades civiles, es decir que se devuelva el dinero desviado, más sus intereses.
Los fiscales Juan Carrau y Miguel Ángel Subirán solicitan para los principales implicados -la excúpula de Carreteras y los jefes de la UTE- condenas de entre 12 años y 4 meses de cárcel y 15 años y 4 meses de privación de libertad.
La acusación particular en nombre del Consell de Mallorca en el caso Peaje reclama a la Audiencia de Palma que obligue a la concesionaria de la autovía de Palma a Manacor, una vía de peaje en la sombra financiada por esa institución, a cobrar un 25% menos de canon. Según la entidad insular, la concesionaria, Pamasa (Carretera Palma-Manacor S.A.) invirtió en las obras casi 42 millones de euros menos de los 145,5 millones en que la cúpula de Carreteras de la época de UM y la propia empresa valoraron los trabajos.
El Consell quiere aprovechar la vía penal para resolver un grave problema económico que tiene con Pamasa, ya que ésta le reclama en la jurisdicción contencioso-administrativa un incremento del canon del 37,7%.
La Administración ha pedido que la concesionaria sea declarada responsable civil subsidiaria de los delitos que se atribuyen a la antigua cúpula de Carreteras, a los mandos de la UTE que amplió la carretera de Palma a Manacor, así como a subcontratas de ésta y empresarios vecinos de la vía.
Una de las posibles salidas que se barajan, de cara a una sentencia de conformidad, es que el Consell renuncie a reclamar en la vía penal los 42 millones de sobrecostes y los exija ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
Los contactos seguirán en las próximas semanas de cara a pactar una sentencia de conformidad. Hay acusados a los que no se les exigen los 42 millones de euros, lo que facilita, en principio, un acuerdo.
