Tribunales

El Govern se personará como acusación en el caso Rocamar

Barceló anuncia esta decisión en defensa de "los intereses" de la Comunidad y del objetivo de recuperar los fondos que "presuntamente se malversaron" en esta operación con el Ejecutivo del PP

30.04.2016 | 02:45
El vicepresidente del Govern y conseller de Turismo, Biel Barceló.

El dato

  • El Ejecutivo aprueba las cláusulas sociales para sus contratos

    El Govern aprobó ayer las cláusulas sociales para la contratación de la administración autonómica que, según resaltó el conseller de Trabajo, Iago Negueruela, tendrán un “importante impacto” sobre la calidad del empleo de las empresas adjudicatarias de servicios o contratos de la Comunidad Autónoma. Estas cláusulas, que Negueruela ya presentó el miércoles, supondrán la introducción de una serie de criterios de carácter social que deberán cumplir las empresas adjudicatarias. Así, el Govern contratará con aquellas que cumplan con la integración de la perspectiva de género, tanto entre sus trabajadores como entre sus cargos directivos; que contraten a personas con dificultades de acceso al mercado de trabajo, que incluyan medidas de calidad social y laboral y que subcontraten con empresas de inserción o centros especiales de ocupación. Las adjudicatarias deberán cumplir los convenios colectivos sectoriales, mantener la plantilla adscrita a la prestación del servicio y cumplir con la Ley de Igualdad, entre otras condiciones. Para enmarcar el impacto de estas cláusulas, Negueruela recordó que la administración autonómica y sus empresas firmaron el pasado año 4.040 contratos por un importe de 194 millones de euros. “Sólo en las contratas de limpieza y seguridad, que están centralizadas, se da empleo a unas 500 personas”, resaltó el conseller.

El Govern ya ha iniciado los trámites para personarse en la causa por el caso Rocamar "en defensa de los intereses de Balears", con el objetivo de "reclamar el dinero que presuntamente se haya malversado", después de que el perito externo que tasó para el Govern el solar del viejo hotel ratificara ante el juez que el Ejecutivo del PP pagó 687.000 euros de sobreprecio al comprarlo en 2012 para su esponjamiento. Biel Barceló, vicepresidente y conseller de Turismo, anunció ayer la personación del Govern en el caso al ser preguntado por la información de Diario de Mallorca respecto a la declaración del perito.

Este periódico destapó el sobreprecio el 11 de junio de 2013, lo que provocó que el Govern del popular José Ramón Bauzá, a instancias del entonces conseller de Turismo, Carlos Delgado, presentara una denuncia contra Diario de Mallorca y tres de sus periodistas por informar sobre el presunto pelotazo urbanístico. La denuncia, para la cual el Ejecutivo del PP utilizó los recursos públicos de la Abogacía de la Comunidad, ha sido archivada por el juez Antoni Garcías, que considera "veraz" la información de este periódico.

El perito que ratificó ante el juez el sobreprecio fue el arquitecto Pere González Nebreda, quien declaró como testigo. González Nebreda recibió el encargo de Joana Barceló, consellera de Turismo del Govern del socialista Francesc Antich, de valorar el solar del Rocamar. El arquitecto determinó que el precio inicial era de 971.671 euros, pero dejó claro que a esta cantidad había que restarle 687.040 euros de gastos de derribo del inmueble, que estaba ruinoso. Por ello, en la fecha de adquisición (en septiembre de 2012, con el Govern del PP) concluyó que el valor era de 284.631 euros.

El Govern de Bauzá pagó 971.671 euros, a los que hubo que añadir otros 700.00 para la demolición. A instancias de una denuncia del PSOE, Anticorrupción y un juzgado de Palma investigan ahora si la operación fue la tapadera de un pelotazo para beneficiar a un alto funcionario de la Conselleria.

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