Hay tensión en la Conselleria de Turismo. Mucha. Les ha tocado cuadrar el círculo y no tienen muy claro por dónde empezar: prometieron regularizar el alquiler turístico ilegal que hoy es fuente de ingresos de miles de baleares, pero las presiones arrecian. Los mismos hoteleros que apenas dieron batalla contra la nueva versión de la ecotasa tienen toda la artillería preparada para cargar contra el Govern, si es que decide cumplir su promesa de autorizar el alquiler residencial. Y no son los únicos que aprietan: en la base electoral de Més, el partido que gestiona Turismo, están tanto ecologistas que defienden la máxima restricción del alquiler que contribuye a saturar más unas islas ya saturadas por los hoteleros, como militantes que obtienen unos ingresos extra arrendando pisos que hoy la ley no permite alquilar.
Para acabar de complicar la ecuación, se han metido en ella la Comisión de la Competencia ( que pide una legalización total) y un partido clave para la supervivencia del Govern, Podemos, que, con el caso de la colapsada Eivissa como referente, abogan por restricciones draconianas. ¿Qué hará el vicepresident Barceló? Pues tras diez meses evitando la cuestión que marcará su gestión, ha puesto en marcha un proceso para regular en el que se suceden reuniones de tensión máxima, tanto cuando se recibe a actores externos al Govern, como cuando se convocan gabinetes de crisis con voces autorizadas del Govern. Con tantas variables, la fórmula de la cuadratura del círculo se complica, aunque algo se sabe. Barceló, por ejemplo, confirma una idea en torno a la que girará la reforma: "No todo se podrá alquilar a turistas". Ni todos los pisos, ni en todas las zonas, ni quizá todo el tiempo. La estrategia pasa por establecer criterios que criben al máximo la oferta de pisos en edificios residenciales, con exigencias casi propias de un hotel. Estos son algunos de esos requisitos.
1.- "Esto lo tenemos claro: se exigirá lo mismo que a los apartamentos turísticos"
Balears no es la primera comunidad que trata de controlar un fenómeno que de un lado es fuente de ingresos para los propietarios y, por otro, provoca problemas graves como la escasez de oferta de alquiler para los residentes o la escalada de precios que convierte las mejores zonas en aptas solo para turistas que pagan por días. Andalucía, por ejemplo, reguló en febrero con condiciones muy exigentes, como las que ahora explora el Govern: imponer que en los pisos de alquiler haya aire acondicionado y calefacción, que tengan un número de baños determinado por las plazas de la vivienda (uno por cada tres o cuatro plazas, estudia el Govern), o que haya botiquín, enseres básicos para hacer vida y, por supuesto, muebles. ¿Va por ahí el Govern? Sí. El propio Barceló confirmaba hace unas semanas a este diario que si algo tienen claro es que a un apartamento turístico en un edificio residencial se le exigirá lo mismo que ya se pide a los de edificios de uso turístico, que cumplen normas en muchos casos similares a las de los hoteles.
2.- Limpieza, atención al público en horario comercial, ropa de cama, teléfono 24 horas...
Y si se va a exigir al menos lo mismo a los apartamentos turísticos residenciales que los de edificios dedicados al turismo, ¿qué le pide ya la ley balear hoy a estos últimos? Pues deben ofrecer servicios de limpieza, ropa de cama, menaje, agua, luz, ventilación, tele, lavadora, manual de uso de la vivienda (en las dos lengua oficiales y una extranjera), extintores, hoja de reclamaciones e incluso tener disponibles cunas de bebé. Además hay que dar servicios de mantenimiento, atención al público en horario comercial y contacto telefónico 24 horas. ¿Mucho? Lo suficiente como para que el que se dedique al alquiler deba entregarse a ello como a un trabajo más, reflexiona Barceló, que sostiene de hecho que el alquiler será un negocio más, con las exigencias de servicio y fiscales que suponga (ecotasa incluida, claro).
3.-Las comunidades deben autorizar la explotación turística
Hay más. No solo se exigirá que los pisos cumplan requisitos autonómicos: el Govern trabaja sobre la idea de que las comunidades de vecinos, en sus estatutos, deban autorizar la explotación turística. Se trata de evitar problemas de convivencia. La cuestión es si esa autorización deberá ser de la mayoría de los propietarios (como establece la Ley de Propiedad Horizontal en la mayoría de los casos) o por unanimidad. Apuesten por lo segundo. La regulación también tendrá que analizar cuestiones menores como si se pueden arrendar habitaciones sueltas. La Ley de Turismo de Bauzá (2012) no permite alquilar apartamentos turísticos (de los legales) por habitaciones, y exige que como mucho las casas que se arrienden tengan seis habitaciones o doce plazas. El Govern decidirá sobre esos límites.
4.-Y falta la burocracia y lo que digan Consells y ayuntamientos
Para alquilar hoy a turistas hay que presentar una declaración de inicio de actividades y cumplir con más de cincuenta requisitos, entre los que se incluye una póliza de responsabilidad civil de al menos 300.000 euros. Y las condiciones se complicarán con la entrada en acción de Consells y ayuntamientos. Los primeros tienen las competencias en ordenación territorial y deberá definir en qué zona se puede dar cada uso turístico. Los ayuntamientos, a su vez, son competentes en urbanismo. El alcalde de Palma, por ejemplo, ya ha dicho que el debate del alquiler se englobará en una revisión del Plan General. ¿Qué puede pasar? Casi todo, desde restricciones por barrios, a cuotas máximas de plazas de alquiler turístico por zonas residenciales, pasando por prohibiciones de cambio de uso del piso una vez declarado turístico. La pelea será sangrienta. Al final, lo que parece claro es que el alquiler a turistas en edificios residenciales seguirá siendo un gran negocio, pero como cualquier negocio exigirá inversiones y trabajo constante.
