La expresidenta del Parlament y del Consell de Mallorca Maria Antònia Munar ha puesto de manifiesto ante la Audiencia Provincial de Baleares que no hay "ningún hecho objetivo" que acredite que intervino en la recalificación del polígono palmesano de Son Oms y que cobrara comisiones a cambio, por lo que ha solicitado el archivo de su imputación en la causa impulsada hace más de seis años por estas presuntas irregularidades.

La imputada, quien cumple condena en la cárcel desde el 24 de julio de 2013 por otros dos casos de corrupción, ha interpuesto un recurso de apelación, contra el auto con el que el juez Antoni Rotger ha puesto fin a la instrucción de las pesquisas en torno a Son Oms y ha decretado que continúe el proceso penal contra el exconseller insular de Territorio Bartomeu Vicens, el también expresidente de la Cámara autonómica Maximilià Morales y la propia Munar.

En concreto, en su resolución, previa a la apertura de juicio oral, el magistrado sostiene que en el marco de estas actuaciones pudieron cometerse delitos de blanqueo de capitales, prevaricación, tráfico de influencias y cohecho.

La que fuera dirigente histórica de la extinta Unió Mallorquina (UM) alega en su recurso que estos hechos ya fueron objeto de otros tres procedimientos penales, "siendo una realidad", señala la defensa de Munar, que en ellos "nunca se llamó como investigada a mi representada, ni se procedió en su momento a formular acusación contra ella, ni por lo tanto fue condenada", como sí lo fueron tanto Vicens como el exvicepresidente del Consell Miquel Nadal.

"Es evidente que su actuación sólo hubiera podido ser investigada en aquéllos, siendo una realidad que los plazos para reaperturar la causa y formular acusación han precluído", asevera en su recurso el letrado de Munar, el conocido penalista José Antonio Choclán, quien ejerce su defensa desde mediados de 2013.