Podemos ha iniciado la ofensiva parlamentaria que anunció esta misma semana para reclamar bienes inmuebles históricamente sin propietario conocido que en los últimos años la Iglesia católica se ha puesto a su nombre, gracias a una prerrogativa legal que finalmente fue derogada hace unos meses.
El diputado podemista Balti Picornell ha registrado cuatro iniciativas ante la Cámara autonómica para saber en primer lugar cuántas propiedades se han inscrito a nombre de los obispados de Mallorca, Menorca y Eivissa. Una vez Podemos disponga de estos datos, iniciará actuaciones legislativas para tratar de exigir la titularidad pública de determinadas casas, plazas, solares, fincas rústicas u edificios religiosos ahora en manos de las diócesis baleares.
Picornell ha dirigido su solicitud de información a la nueva consellera de Presidencia, la socialista Pilar Costa. Pide saber el número de bienes que la Iglesia católica ha puesto a su nombre en el Registro de la Propiedad al amparo del artículo 206 de la ley Hipotecaria, que data desde 1946.
Una de las cuestiones que plantea el grupo parlamentario de Podemos es si "el Govern piensa llevar a cabo algún tipo de actuación" hacia estas polémicas inmatriculaciones, que en las islas Podemos estima en medio millar, aunque no se tiene constancia oficial.
El diputado Picornell también inquiere si el Ejecutivo "ha subvencionado de alguna manera" estos bienes inmuebles, y finalmente si "ha reclamado la titularidad" de los mismos.
"Inscripción muy dudosa"
El martes pasado, Picornell ya preguntó en el pleno a la consellera de Hacienda, Catalina Cladera, sobre las medidas que pensaba adoptar el Govern respecto a esta polémica. La consellera aseguró que el Govern apoyará a los Ayuntamientos que reivindiquen la titularidad de bienes inmuebles inmatriculados a favor de la Iglesia. También dejó clara su disconformidad con el derecho concedido a la institución religiosa hasta el pasado año de inscribir a su nombre de forma "muy dudosa", dijo, bienes inmuebles.
Con todo, resaltó que esta regulación no es competencia del Govern ni en lo que se refiere a la inscripción de inmuebles y su titularidad ni en la investigación fiscal de los incumplimientos de obligaciones tributarias que se derivan. La titular de Hacienda expresó su disconformidad con el "mantenimiento de ciertos privilegios tributarios" y afirmó que "detrás" de estas inmatriculaciones podría hablarse de una situación de "evasión fiscal" por parte de la Iglesia, dado que de este modo no se hacen frente a determinados tributos. Por la tardela consellera Cladera retiraba estas dos palabras y se disculpaba por "las molestias" que podían "haber causado".
"Es una evidencia que la Iglesia, con la connivencia de leyes apoyadas por el PP" de Aznar y "no derogadas por el PSOE" de Zapatero -ha sido el Gobierno de Rajoy el que lo ha hecho-, "ha podido inmatricular bienes inmuebles, montes incluso, que son de la ciudadanía", denunció el miércoles Laura Camargo. Citó el caso de Artà como uno de los más polémicos, donde el Ayuntamiento reclama la titularidad de la muralla y el recinto de Sant Salvador, que la parroquia ha inscrito a su nombre.
La portavoz de Podemos consideró que la petición pública de disculpas de la consellera Cladera se debió "a presiones externas", e incidió en que hay que hablar sin rodeos de una "apropiación indebida" la que hace la institución eclesiástica de propiedades que estaban sin registrar. Desde el departamento de Cladera se niega cualquier presión al respecto, y la rectificación se achaca exclusivamente a "la inexactitud de la expresión 'evasión fiscal' aplicada en ese contexto".
Por otro lado Camargo anunció que Podemos presentará una proposición no de ley para revisar las polémicas inmatriculaciones y recuperar propiedades. La iniciativa recibirá el apoyo de Més, explicó Camargo, "no sabemos que hará el PSOE", dejó en el aire la postura que adoptarán los socialistas.
