La sección primera de la Audiencia tomó ayer una decisión ya adelantada el miércoles por su presidenta, Samantha Romero, no hay base legal en este momento para expulsar del juicio a Manos Limpias, el sindicato que ejerce la acusación popular y que está salpicado por una investigación por corrupción desarrollada por la Audiencia Nacional.

La sesión de ayer comenzó con normalidad, sin que el tribunal se pronunciara sobre la petición formulada el miércoles por las defensas de Diego Torres, Iñaki Urdangarin y Mercedes Coghen de expulsar del proceso a Manos Limpias, ante las serias sospechas de que ha utilizado la acusación popular en el caso Nóos para tratar de extorsionar a dos bancos y a los abogados de la Infanta a cambio de retirar los cargos contra ella.

Ya el martes Romero afirmó que la petición carecía de rigor jurídico, porque no existe ninguna sentencia firme contra el sindicato de funcionarios y estamos en presencia de una investigación embrionaria, de la que la Audiencia Nacional no ha informado oficialmente al tribunal de Nóos.

En ese sentido, el fiscal Pedro Horrach reclamó a la Audiencia de Palma que pidiera una copia (testimonio) del auto de prisión contra Miguel Bernad, secretario general de Manos Limpias, y Luis Pineda, líder de Ausbanc.

Ayer el tribunal declinó pedir ese auto y explicó que tomará una decisión sobre la legitimidad de Manos Limpias como acusación popular cuando dicte la sentencia, esto es, y lógicamente, después del juicio.

La decisión de las tres magistradas causó satisfacción en Virginia López Negrete, la abogada de Manos Limpias, que se había opuesto, junto la Abogacía del Estado y la defensa de la infanta Cristina, a la expulsión del sindicato de funcionarios como acusación popular. La salida de Manos Limpias del proceso hubiese conllevado la automática exculpación de doña Cristina y del también acusado Salvador Trinxet, para los que solamente pide condena esa parte.

Negrete, no obstante, sigue atenta a la evolución de las pesquisas en la Audiencia Nacional que podrían obligarle a renunciar no por su implicación en la trama sino por ética profesional.