Hace nueve meses anunciaron el impuesto. Luego anunciaron su inclusión en los presupuestos, anunciaron que iban a negociar con todos, anunciaron que habían hecho retoques tras la negociación, anunciaron el borrador del decreto, anunciaron que iban a aprobar el impuesto en Consell de Govern y en el Parlament y lo aprobaron. Ayer hicieron el anuncio definitivo: el Govern que con más orgullo ha inventado un tributo informó de que hoy se publica en el Boletín Oficial el decreto que regula el Impuesto de Turismo Sostenible. En el texto definitivo no hay ninguna novedad, de puro anunciado que está todo. Tienen los detalles desglosados junto a estas líneas. Lo más noticioso es así la intención comunicada ayer por la consellera de Hacienda del Govern, Cati Cladera, de no retocar ni al alza ni a la baja el tributo que se empezará a cobrar el 1 de julio. Según dijo, a finales de 2018 se hará un informe sobre el impuesto, que contemple tanto que lo que ha aportado, cómo para qué ha servido y qué efectos ha tenido.
A partir de ahí cabría tomar decisiones, dice. Hasta entonces, el tributo seguirá igual independientemente de que se recuperen destinos competidores, de que se llegue a una saturación turística inasumible o de que se desplome la demanda por algún desastre sorpresa. "Sostenemos que el impuesto no tendrá efectos en la demanda, por lo que no hay razones para modificar el tributo", argumenta Cladera. Es la versión oficial. Fuera de micrófono es fácil encontrar miembros del Govern que creen que con el nuevo tributo se ha perdido una oportunidad perfecta para fijar una cuantía más disuasoria en temporada alta, con la que reducir la saturación que se prepara para sufrir otra vez Mallorca este verano, salvo susto en forma de yihad.
Pero la suerte está echada. Y el impuesto aprobado. Llega con una corrección también relevante: este año recaudará menos de los 50 millones que el Govern incluyó en los presupuestos de 2016, una jugada que le vino estupendamente al Ejecutivo de Francina Armengol para cuadrar unas cuentas que no salían. Al final será algo menos, porque el tributo iba a empezar en junio y al final se estrena en julio. Por eso y porque, según la propia Cladera, el tributo va a generar menos de lo previsto antes de los retoques consensuados con el sector, que incluyen exenciones a los niños, rebajas de tarifa a cruceristas, reducciones en temporada baja y bonificaciones del 50% a quienes se queden más de ocho días.
Con todo, el tributo generará entre 60 y 70 millones al año, menos de los 80 estimados originalmente. Eso hará que ya en 2016 el Govern ingrese menos de lo presupuestado. ¿Problema? Pues Cladera dice que no, que ya han bloqueado partidas de gasto para compensarlo. Y por si acaso, tiene siempre a mano la cuenta de la lechera más repetida en su departamento en los últimos meses: prevé que haya este mismo año mejoras de ingresos ligados a una reforma del modelo de financiación que debería estar en marcha hace dos años pero no ha empezado ni a negociarse entre todas las comunidades y el Gobierno central, que encima está en funciones y pendiente de elecciones. De ahí las críticas de la oposición: ayer la portavoz del PP, Marga Prohens, recordaba que ya dijeron en noviembre que los ingresos de la ecotasa eran ficticios, estaban inflados y solo se iban a usar "para cuadrar el presupuesto".
Para definir el uso del tributo, en cuanto empiece a haber fondos recaudados, se creará este verano la Comisión de Turismo Sostenible. La presidirá el vicepresident y conseller de Turismo, Biel Barceló, y la formarán en total 31 miembros. No habrá dietas, ni sueldos. Y el control será político: siete votos serán del Govern, cuatro de los Consells Insulars, uno del Ayuntamiento de Palma y dos de otros ayuntamientos, a los que se sumarán seis sindicalistas, cuatro empresarios de la patronal CAEB, dos de PIMEM y seis de organizaciones medioambientales. "Es un impuesto de todos, porque todo el mundo ha podido participar y la comisión que lo controla es muy plural", opinaba ayer el vicepresident Barceló, que insistió varias veces en la idea de que el tributó permitirá que los turistas "ayuden a mantener el medio ambiente y ese motor social y económico que es el turismo".
El alquiler sigue en negro
Aunque no todos los turistas que abarrotarán las islas pagarán ecotasa: los que se alojen en edificios residenciales estarán otra temporada en negro, a la espera de que el Govern regule el registro de esos pisos y sus condiciones de alquiler. Hasta entonces, Barceló rechazaba una moratoria y daba una receta a seguir, la ley actual: "El mensaje a los propietarios es claro: si ese piso no se puede alquilar turísticamente (por ejemplo porque está en un edificio residencial), pues no lo alquiles turísticamente. Hazlo por la vía permitida, la Ley de Arrendamientos". O sea, haga un contrato con su fianza para cada día y declare lo ingresado en el IRPF. O dicho de otro modo: siga en negro como se calcula que hacen 50.000 pisos de las islas.
