La consellera de Hacienda, Catalina Cladera, afirmó ayer en el pleno del Parlament que detrás de los bienes inmatriculados de la Iglesia podría haber una situación de "evasión fiscal", expresión que rectificó después a través de un comunicado admitiendo que había utilizado una expresión "inadecuada". No obstante, dejó claro que el Govern apoyará a los ayuntamientos que "reivindiquen la titularidad pública" de bienes inmuebles que hayan sido "apropiados por la Iglesia" a través de inmatriculaciones.
Cladera respondía así a una pregunta de Baltasar Picornell, diputado de Podemos, sobre las medidas que pensaba adoptar el Govern respecto a los bienes inmuebles que la Iglesia ha inmatriculado en Balears. La consellera dejó claro su disconformidad con el derecho concedido a la Iglesia hasta el pasado año de inscribir a su nombre en el registro de la propiedad, de forma "muy dudosa", bienes inmuebles. No obstante, resaltó que esta regulación no es competencia del Govern ni en lo que se refiere a la inscripción de inmuebles y su titularidad ni en la investigación fiscal de los incumplimientos de obligaciones tributarias que se derivan y consideró que los conflictos al final se resolverán en los tribunales.
En este contexto, afirmó que "detrás" de estas inmatriculaciones podría hablarse de una situación de "evasión fiscal", dado que de este modo no se hacen frente a determinados tributos. Pocas horas después, a través de un comunicado, Cladera rectificaba esta expresión como inadecuada y se disculpaba por "las molestias" que podían "haber causado" sus palabras en el Parlament. No obstante, dejaba claro que su intención era la de cuestionar "el mantenimiento de ciertos privilegios tributarios que van en detrimento del concepto de justicia fiscal".
La expresión "evasión fiscal" también protagonizó la pregunta que dirigió el líder de Podemos, Alberto Jarabo, a la presidenta Francina Armengol, aunque en este caso relativa a los 'papeles de Panamá'. Jarabo emplazó a Armengol a retirar distinciones de la Comunidad a hoteleros de Mallorca que han tenido sociedades en Panamá, en referencia a Riu y a la familia Escarrer, propietaria de la hotelera Melià. Armengol eludió pronunciarse sobre la retirada de estos reconocimientos y se limitó a criticar que "algunos" hayan eludido sus obligaciones con el fisco.
Jarabo utilizó su pregunta para lanzar duras acusaciones al PP, al que dijo que había alentado la evasión fiscal de empresarios, ligándolo a la corrupción del partido. Miquel Vidal, presidente del PP, pidió la palabra y recordó a Jarabo que debía dirigir la pregunta a la presidenta, a la vez que comentó con ironía que quizá dentro de tres años se la pueda dirigir a él.
Por otro lado, también en el turno de preguntas, la consellera de Presidencia, Pilar Costa, reiteró que el Govern trabaja con la Casa Real para que los jardines de Marivent se abran este año a los ciudadanos. Costa contestaba así al diputado de Podemos Aitor Morrás, que puso en duda que sea "beneficioso" para la imagen de Balears que el Govern siga financiando el Palacio de Marivent. La consellera recordó que la Comunidad es propietaria siempre que se use como residencia vacacional del Rey y recordó que este año se ha rebajado en 200.000 euros la partida pra el mantenimiento.
Corridas de toros y correbou
Por otro lado, el pleno del Parlament aprobó la toma en consideración de la Proposición de Ley para modificar la Ley de protección de animales con el fin de prohibir corridas de toros, correbous como el de Fornalutx y espectáculos que supongan sufrimiento a los animales. La propuesta contó con el respaldo de PSOE, Més y Podemos, el voto en contra del PP y Ciudadanos y la abstención de El Pi.
Silvia Cano (PSOE), Margalida Capellà (Més per Mallorca), Patricia Font (Més per Menorca) y Picornell, de Podemos, argumentaron que la sociedad ha cambiado en 24 años y que no tenía sentido las excepciones contempladas en la normativa. Además, resaltaron que Balears será una "sociedad mejor" cuando no esté permitido que un animal sufra por motivos lúdicos apelando a "la tradición y la cultura".
Desde el PP, Ciudadanos y El Pi consideraron que la nueva normativa entrará en colisión con la legislación estatal y que además "permite un amplio margen de interpretación", de tal modo que por ejemplo "si no se introducen excepciones tendrá que cerrar uno de los delfinarios más importantes de Europa", según el popular Miquel Jerez.
