En Balears no habrá barra libre turística. No la hay para abrir nuevos hoteles o ampliar los existentes, y tampoco la habrá para arrendar a viajeros viviendas en edificios residenciales. Lo deja claro el vicepresident y conseller de Turismo del Govern, Biel Barceló (Mes), que ayer mismo firmó un informe con once de páginas de alegaciones contra un dictamen de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que, en esencia, venía a decir que las autonomías deben permitir, sin poner ningún límite ni condición, el alquiler turístico en edificios plurifamiliares de zonas residenciales. Barceló es tajante al respecto: "Eso sería una insensatez y un descontrol. Nosotros lo vamos a regular y no todo va a valer, no todo se podrá alquilar".
Su equipo lo argumenta en las once páginas citadas, en las que le explican a Competencia que no van a admitir su "injerencia inaceptable" en competencias turísticas y urbanísticas que están en manos del Govern, los consells insulares y los ayuntamientos. Además, asegura, van a fijar requisitos que garanticen la calidad del servicio prestado, al tiempo que protegen los derechos de los consumidores, con un objetivo final: preservar el modelo turístico de plazas limitadas del que vive Balears, proteger el empleo y el medio ambiente y evitar que los excesos turísticos deterioren el servicio que reciben los turistas y generen mayores problemas de convivencia con los residentes de las islas.
Y para que quede claro que la intención del Govern de regular de una vez por todas el alquiler turístico es firme, Barceló desgrana los pasos que está dando para poner orden en el alquiler turístico. En las próximas dos semanas se reunirá con los principales agentes del sector, con los consells insulares, con los ayuntamientos y con los sindicatos. La idea es, en colaboración con ellos, elaborar una reforma de ley turística que estaría lista para entrar en el Parlament a finales de este verano o en otoño, para ser votada a principios del año que viene.
Otro verano "pirata"
Es decir, este verano se sigue con la normativa en vigor, que básicamente, recuerda Barceló, da dos opciones hoy para alquilar hoy un piso en un edificio en zona residenciales: "La primera es acogerse a la Ley de Arrendamientos Urbanos, no recurrir a canales de comercialización turística, y hacer un contrato cada vez y declarar los ingresos con el IRPF; la otra opción es hacer el pirata y alquilar ilegalmente". Esa es la normativa que este Govern heredó del de José Ramón Bauzá (PP), y Barceló lo que pretende es superar esa situación para regular de modo que en vez de dos sean tres las opciones: o bien recurrir a esa Ley de Arrendamientos Urbanos (es decir, nada de comercializar a través de portales turísticos tipo Air BNB), o bien darse de alta en un registro de alquileres y cumplir los requisitos que marque la reforma de ley que tramitarán en los próximos meses, o finalmente, seguir haciendo el pirata. "Pero hay gente que quiere hacerlo legal, que nos lo dice, y esa gente cuando regulemos lo podrá hacer legal".
De forma transitoria, eso sí. Que esto se complica. Lo que va a hacer el Govern en los próximos meses es establecer unos requisitos para que se pueda alquiler a turistas en edificios residenciales, pero las competencias al respecto son de los consells y de los ayuntamientos. Los consells tendrán que desarrollar en los próximos tres años los llamados Planes de Intervención en Ámbitos Turísticos. Porque los consells pasan a tener las competencias en Turismo. Esos planes servirán para definir, en función de las necesidades de cada isla, las líneas maestra del turismo, desde las capacidades a los modelos de explotación o la conveniencia o no de autorizar más o menos hoteles o alquiler turísticos, por ejemplo. Y no acaba ahí la cosa: serán finalmente los ayuntamientos los que, en ejercicio de sus competencia urbanísticas, establezcan los usos (residenciales, turísticos, industriales) y los cupos y plazas para cada zona. "La cuestión es que el alquiler turístico quema, no se puede esperar más. Por eso vamos a hacer esta reforma transitoria", abunda el vicepresident, que insiste en que no se podrá seguir alquilando de cualquier manera, sin pagar impuestos, ni cumplir unos mínimos de servicio y calidad.
La amenaza del alquiler
Justo de eso habla el informe remitido a la Comisión Nacional de la Competencia, en respuesta a su dictamen de hace un mes. Según sostiene Barceló y subraya el propio escrito de alegaciones, la liberalización total que defiende Competencia responde a una visión "ultraliberal" que pone en peligro el modelo económico balear y "podría tener un impacto negativo" en las islas. "Como simple ejemplo pensemos si no sería más beneficios para un hotelero cerrar su hotel y pasar a comercializar todo un bloque de viviendas. Por lo menos en cuanto a personal necesario le supondría sin duda un considerable ahorro. Pero supondría una pérdida de puestos de trabajo", ejemplifican en el Govern.
El informe de Turismo refuta también la idea de Competencia de que se debe dejar alquilar cualquier tipo de vivienda y en cualquier lugar. "A nadie se le ocurre proponer una liberalización total de la apertura de hoteles. ¿Por qué debería entonces poder comercializarse turísticamente viviendas en cualquier lugar y configuración, sin que la normativa urbanística pueda decir nada?", argumentan en la Conselleria. Advierten además del impacto del alquiler turístico en el acceso a la vivienda de los residentes, sobre todo en la isla de Eivissa (donde no hay pisos para vivir) o el centro de Palma. Una liberalización, dicen, "puede generar problemas de convivencia y de insuficiencia de infraestructuras, o la expulsión del residente habitual al producirse un encarecimiento del precio de alquiler".
Por todo ello, Barceló quiere encontrar un camino intermedio: ni prohibición total del alquiler turístico residencial (que es lo que hay ahora y no impide el alquiler pirata masivo), ni autorización de todo tipo de arrendamiento (a riesgo de destruir por exceso de presión turístico el modelo balear). "Sabemos que ninguna de las partes va a estar contenta, pero hay que regular en beneficio de todos", recalca el vicepresident, consciente de que legislar sobre alquiler turístico le condena a meses de polémica, pero quizá, sirva para poner sensatez en torno a una cuestión en la que, hasta ahora, cada colectivo (hoteleros, propietarios) ha mirado exclusivamente por su interés económico particular.
