El juicio a la hermana del Rey se adentra en el género de terror. Rita Barberá solicitó declarar por plasma ante la Audiencia de Balears. La petición debió ser atendida en todos sus extremos. El cumplimiento estricto del protocolo judicial no está reñido con la procura ética de que un personaje así no pise la isla. La tecnología permitía evitarlo. De acuerdo con el historial de corrupción desparramado por su equipo municipal y que aflora hoy en los remisos juzgados valencianos, la senadora por la gracia de Rajoy no se merece un sitio ni en el banquillo del caso Infanta. El ambiente mallorquín está suficientemente envenenado sin necesidad de su concurso.
Milagrosamente indultada en las fallas, Rita Barberá aportó en persona la misma información que podría haber transmitido por plasma. Ninguna. Parece mentira la facilidad de los todopoderosos para olvidar sus manejos, en cuanto tienen un juez por delante y no por debajo según están habituados. La jerarquización del PP valenciano por encima del Tribunal Superior de la comunidad citada se tradujo en la expeditiva retirada de cualquier acusación, contra la alcaldesa caducada de Valencia o contra el inefable Francisco Camps.
En resumen, la testigo no se enteraba de nada. Barberá ejercía de comparsa en el ayuntamiento que según las crónicas gobernaba con mano de hierro. Necesitaba enlodar a Juan Antonio Samaranch, un peligroso catalán, de acuerdo con la tendencia penal a descargar las culpas sobre personajes oportunamente fallecidos. En un apartado de la primera sentencia contra Maria Antònia Munar al que no se dio suficiente publicidad, el Tribunal Supremo le replica que a estas altura del escándalo ya no cabe discutir si el diseño del tinglado corrupto debía asignarse a su número dos en el Consell de Mallorca. Ella era la presidenta en una decisión millonaria, y punto. El mismo argumento sirve para Barberá y Camps. Salvo que no ha servido, las variables aleatorias de la justicia.
El Govern del PP balear al completo ha confesado que los foros de los Borbón Urdangarin eran fantasmagorías, con la única justificación de un rápido enriquecimiento de la pareja. Los gobernantes mallorquines aceptan incluso una condena por su participación en el enjuague. En Valencia ocurre todo lo contrario. Su clase política, por lo menos tan corrupta como la balear, sostiene que se ajustó a los cauces legales.
Los pesimistas del caso Infanta sostienen que esta disociación a ambas orillas del Mediterráneo acabará favoreciendo a los urdidores del tinglado. Nada puede sorprender en una lógica judicial que alumbra la doctrina Botín, o que se olvida de perseguir la deuda millonaria de Mario Conde. Sin embargo, la versión excluyente es al menos tan válida como la inclusiva. Valencia no absuelve a Balears, Balears condena a Valencia. Basta contemplar los escuálidos contratos que afianzaban los garfios de Nóos en las instituciones de ambas comunidades.
