Armengol y Montoro se reunieron ayer para quedar de acuerdo en que no están de acuerdo en nada más. Así es la política de esta España en funciones. La cita era a las 10.00 horas en el Ministerio de Hacienda, donde Cristóbal Montoro (PP), el ministro que ha revolucionado a todas las comunidades con su amenaza de intervención de sus cuentas si no rebajan el déficit a un límite cuatro veces más restrictivo que el que el propio ministro exige a la administración central que gestiona. Y allí llegó Francina Armengol (PSOE), la primera presidenta que recibe el ministro desde que decidió incendiar el mapa autonómico mandando doce cartas de embargo a las autonomías. Armengol, que la semana pasada tras recibir la misiva más agresiva hervía casi hasta el punto de declarar la insumisión fiscal, encaró la cita dispuesta a rebajar el tono y buscar una solución dialogada. Pero no lo logró. Ni de lejos. Tras dos horas y media de encuentro en el que acordaron el desacuerdo, Francina Armengol salía y contaba que "con contundencia", pero también con un "tono cordial", le había explicado al ministro que Balears no va a hacer ni un recorte más para cumplir con los objetivos de déficit que marca el Gobierno Rajoy.
También le dijo que quería que se desbloqueasen los créditos estatales del fondo de rescate autonómico (FLA) con los que Balears paga, al cero por ciento de interés, su día a día y el de sus proveedores (hay 257 millones congelados por Montoro, correspondientes al primer trimestre). Además, Armengol le explicó al ministro una vez más las dificultades que tiene para salir adelante una comunidad tan infrafinanciada por el modelo de reparto autonómico de Balears. Y para acabar, la jefa del Ejecutivo balear se dio a la tradición y sacó ante el ministro el tema que sacan ante los ministros de Hacienda todos los presidentes que en Balears han sido desde que se fundó la autonomía: la necesidad de crear un régimen especial que, a semejanza del muy ventajoso sistema canario, compense las dificultades que para una sociedad y una economía supone desarrollarse en una isla.
¿Resultado? Pues que justo después salió Montoro y solo le faltó decirle a los baleares que es problema suyo si decidieron irse a vivir a islas y que la insularidad es culpa de haber optado por vivir con tanto mar alrededor. En vez de eso, dijo lo típico, lo que han dicho todos sus predecesores al líder balear de turno: que hay que reunirse para trabajar en el régimen especial. Añadió un matiz circunstancial, inherente a esta España (quizá) preelectoral: que el actual Gobierno está en funciones, con lo que casi mejor que lo del régimen especial lo trate ya en mayo el Govern balear con un comité estatal de expertos creado para la ocasión.
Revuelta autonómica
¿Y de la revuelta de las autonomías? Pues Montoro, ya al tanto de que hasta los presidentes autonómicos de su partido están llamas, e informado de que Francina Armengol había dicho que el Estado y su ministro en funciones pueden decir lo que quiera,pero Balears no recortará más, tiró de su habitual tono ácido para repetir la amenaza de la semana pasada: que o se cumple el déficit o el Estado, o sea él mientras una investidura no lo remedie, se encargará de hacerlo con esa intervención de las cuentas de las comunidades levantiscas. "Cumplir el déficit no es voluntario", atacaba el ministro, que recalcaba que él no ha pedido más recortes, pero que la Ley Estabilidad Presupuestaria exige que se cumplan los objetivos de déficit, y eso "lo va a cumplir todo el mundo". Y como quiera que Balears para cumplir tiene que recortar o subir más los impuestos, pues queda claro: Montoro no pide más recortes, pero si se siguen sus exigencias habrá que hacerlos. Política.
"Es que es la ley, así que nadie puede decir que la aplicación de la ley conmigo no va", seguía, siempre ácido, el ministro en funciones. Por si hubiera dudas, concluía con rotundidad su amenaza: su departamento, decía, ha explicado con claridad las restricciones de gasto que marca a las autonomías la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que es, según él, la única forma de que las regiones cumplan con el 0,3% de déficit que tiene de margen este año, con lo que los Gobiernos autonómicos pueden decir que les gusta "más o menos" lo que exige el Gobierno Rajoy, pero "la ley se tiene que cumplir, y si no, el Gobierno hará que se cumpla". O traducido y resumido: o recortes o intervención.
Viernes caliente
La partida de lo que sea que es esto seguirá el viernes, cuando el ministro en funciones, pese a no tener claro si puede hacerlo, ha convocado a las comunidades para explicarles en persona lo que les dijo la semana pasada con cartas amenazantes. ¿Podría haber hecho eso antes de enfadar a todo el mundo? Eso cree Francina Armengol, que ayer le dijo a Montoro que no entendía las formas. Y menos aún el fondo, insistía, eso de que el Gobierno se reserve 32.000 millones de déficit para el exceso de gasto de la administración central (que paga la defensa o autopistas y AVEs, por ejemplo), mientras solo autorizaba 7.500 millones de desfase (3.000 este año) a unas comunidades autónomas que mantienen lo que más valoran los ciudadanos, el Estado de Bienestar: sanidad, educación y servicios sociales. Tendrán otra oportunidad de no entenderse el viernes, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, órgano en el que se reúnen todas las autonomías con el Gobierno central, para que luego decida el Gobierno central.
