El Parlament aprueba la renta garantizada de entre 429 y 776 euros para familias sin recursos

La normativa salió adelante con los votos del Pacto y el apoyo de la oposición a la mayor parte del texto - La Ley entrará en vigor dentro de un mes

06.04.2016 | 01:08
El Parlament aprueba la renta garantizada de entre 429 y 776 euros para familias sin recursos

Las claves

  1. Un derecho para quienes cumplan los requisitos
    La renta social garantizada tiene carácter finalista y es un derecho subjetivo para quienes cumplan los requisitos, entre ellos el de acreditar que se reside en Balears desde hace cuatro años por lo menos. El objetivo es garantizar un mínimo de subsistencia, establecido entre los 429 y los 776 euros, en función de los miembros de la familia. Esta renta se podrá complementar con tras prestaciones sociales.
     
  2. Aplicación progresiva
    La aplicación será progresiva, de tal modo que este año podrán acceder a la renta familias sin ingresos con hijos menores a su cargo. En próximos ejercicios se ampliará al resto de personas sin ingresos o con pocos recursos.
     
  3. Presupuesto
    La renta social garantizada irá a cargo de los presupuestos de la Comunidad Autónoma. Par este año hay previstos 20 millones.

El pleno del Parlament aprobó ayer definitivamente la Ley de Renta Social Garantizada, por la que se establece como un derecho unos ingresos mínimos a cargo del Govern, con el voto a favor de todos los grupos a la mayor parte del texto, aunque la oposición se abstuvo o votó en contra de los artículos en los que mantenían enmiendas, en su mayor parte tendentes a vincular esta renta con la inserción social o la laboral.

La Ley entrará en vigor dentro de un mes y será entonces cuando los beneficiarios que cumplan con los requisitos podrán solicitar esta ayuda.

"Es una Ley por la que se garantiza un mínimo de subsistencia", resaltó la consellera de Asuntos Sociales, Fina Santiago, en su defensa de la normativa. Santiago recordó que la implantación de esta renta será "progresiva". Así, este año podrán solicitarla las familias sin ingresos con hijos a su cargo y en próximos ejercicios se irán incorporando el resto de ciudadanos de Balears que no cuenten con unos ingresos mínimos.

La prestación básica mensual será de 429 euros, cantidad que irá aumentando en función de los menores que haya en el núcleo familiar con un máximo de 776,58 euros. Para este año, el Govern destinará 20 millones de euros a esta renta, con los que espera que se beneficien unas 3.000 familias sin recursos, de tal modo que cubrirá las necesidades de entre 9.000 y 12.000 personas, dependiendo de los miembros del núcleo familiar.

"La renta social garantizada es un pequeño avance que se hace desde un país pequeño y mal financiado y que supone lanzar el contundente mensaje de que no nos conformamos y queremos seguir avanzando en derechos", afirmó Santiago. Resaltó que se trata del "segundo derecho social" para los ciudadanos de Balears, después del derecho a la información que recogió la Ley de Servicios Sociales de 2009.

Santiago dejó claro que esta renta social garantizada no es un instrumento de reinserción social ni laboral, para lo cual existen otras ayudas, ya que sus destinatarios no son personas que tengan un problema de inserción, sino "un problema de falta de ingresos", una situación a la que la crisis ha conducido a muchas personas.

Este ha sido el motivo para rechazar parte de las enmiendas de la oposición, que de algún modo vinculaban ambas cuestiones. Sandra Fernández, del PP, insistió por ejemplo en que en el futuro se pudieran "unificar" esta renta con la renta de inserción y que las gestionaran los consells insulars, que "tienen estructura para hacerlo" y se "optimizarían los recursos". Además, defendió que la administración debe ayudar a las personas a encontrar un trabajo. Fernández, no obstante, dejó claro que se trata de una Ley necesaria, aunque "mejorable".

En este sentido, criticó especialmente que el Pacto no aceptara las enmiendas del PP por las que pedían que la Ley incluyera la obligación de que la renta esté totalmente implantada en esta legislatura. "Esta es nuestra principal crítica, porque al margen de discrepancias con la filosofía de la Ley compartimos el objetivo, pero ustedes tenían un compromiso que incumplen al no aceptar que se garantice que la aplicación total se produzca en un máximo de tres años", dijo Fernández al PSOE, Més y Podemos.

Por ello, el PP optó por la abstención o el voto en contra en los artículos a los que afectaban sus enmiendas. La misma postura adoptó El Pi y Ciudadanos, para quien el Govern tiene la obligación de "ayudar a la empleabilidad" estableciendo "planes personalizados de búsqueda activa de empleo" para los beneficiarios de esta ayuda. Los partidos del Pacto, que celebraron la aprobación de esta Ley como "histórica", coincidieron en insistir en que esta renta no se crea con los objetivos de reinserción social y laboral.

Por otro lado, el pleno del Parlament aprobó por unanimidad la toma en consideración de la proposición de Ley presentada por Més para incentivar y facilitar las iniciativas populares en los ayuntamientos. Asimismo se aprobó, con el apoyo de todos los grupos y la abstención de Podemos, la moción del PP por la que se insta al Govern a "trabajar para mantener" las dos redes de centros educativos sostenidos con fondos públicos, es decir, los centros públicos y los centros concertados, y poner medios para que los padres puedan ejercer la libre elección de centro.

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