Tributos

Hacienda amenaza a Balears con una retención de recursos del Estado

El Ministerio de Cristóbal Montoro conmina al Govern a corregir el plazo del pago a proveedores si no quiere verse sometido a una medida excepcional

06.04.2016 | 16:11
La consellera de Hacienda, Catalina Cladera.

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas amenaza con retener el pago de tributos a Balears para pagar directamente a proveedores de la administración autonómica porque tarda en abonarles sus servicios mucho más de lo previsto en la normativa.

Hacienda ya ha comunicado la adopción de esta medida a los gobiernos autonómicos de Aragón y Extremadura y se la está planteando también para la Comunidad Valenciana.

El Ministerio de Hacienda envió a finales de la semana pasada una carta a la consellera Catalina Cladera en la que le expone su "preocupación" por "el incumplimiento" de los periodos medios de pago a proveedores en la Comunidad autónoma "desde su primera publicación y especialmente desde septiembre de 2015" y, además, le expone que las previsiones del Govern respecto al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) "pueden requerir la actualización del importe destinado para el pago a proveedores y de correspondientes medidas".

En la carta, el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, avisa al Ejecutivo autonómico de que en aplicación del artículo 18.4 de la Ley Orgánica de Estabilidad, queda en "alerta" a la espera de que antes del 15 de abril remitan al Ministerio de Hacienda el plan en el que se adopten las medidas para reducir gastos e incrementar ingresos, "acelerando, en su caso, la aplicación de las previstas en su plan de ajuste", para lograr que el pago medio a proveedores no exceda de los 30 días.

Respecto al pago de proveedores, y también de acuerdo a la Ley de Estabilidad, Beteta explica que "formulará una comunicación de alerta" cuyos efectos se mantendrán hasta que Baleares "cumpla el plazo máximo de pago previsto en la normativa de morosidad". En la misiva, el representante del Ministerio acaba diciendo que tiene "el convencimiento que la Comunidad adoptará las medidas necesarias" para cumplir con dicha ley orgánica y "reconducir la actual desviación en los plazos de pago a sus proveedores", circunstancia que, avisa, "será objeto de evaluación mensual por parte del Ministerio".

Fuentes del Ministerio explicaron que el pasado viernes el secretario de Administraciones Públicas, Antonio Beteta,ya envió sendas cartas similares a los gobiernos extremeño y aragonés, en las que les comunicó una retención por incumplir la ley de Morosidad.

Ambas comunidades, según Hacienda, ya fueron advertidas hace dos meses como lo ha sido ahora Balears, y han seguido incumpliendo el plazo de 30 días para el pago a proveedores, por lo que les informa en la misiva de que se les aplica el artículo 20 de la ley de Estabilidad Presupuestaria, que permite la retención de recursos para pagar directamente a los proveedores.

"No es una sanción a esas autonomías -precisó el Ministerio-, sino que se trata de conseguir que los proveedores cobren en el tiempo previsto por la ley" en esas comunidades.

Indicaron que el límite máximo de retención que permite la ley es del 25 por ciento, pero que en la carta no se dice cantidad alguna "porque está en estudio" y añadieron que se pagará a los deudores "según la antigüedad" en las operaciones de pago.

No es la única medida coercitiva desde el Ministerio de Hacienda. El lunes el ministro Cristóbal Montoro anunció que enviaría cartas a todas las consejerías de Hacienda autonómicas, en las que se les conminaría a que los recursos que reciban este año de la liquidación del sistema de financiación autonómica no se destinen a incurrir en nuevo gasto.

Por otra parte, el Ministerio de Hacienda retiene fondos de la Participación en los Impuestos del Estado (PIE) de este mes a un total de 351 ayuntamientos por no haber facilitado al departamento que dirige Cristóbal Montoro los datos necesarios para el cierre del ejercicio de 2014, de los que uno de ellos es Vilafranca de Bonany, con 2.910 habitantes.

Según los datos del Ministerio, de estos 351 ayuntamientos hay un total de 31 municipios con más de 5.000 habitantes, entre los que se encuentra el ayuntamiento de Marbella, que tiene 138.679 habitantes. Por población, le seguirán en esta restricción de ingresos del PIE: Almuñécar (Granada), con 27.195 habitantes; los municipios gaditanos de Los Barrios (22.991) y Barbate (22.861) y el ayuntamiento alicantino de Calpe (22.437).

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