José Castro no es un juez que tire la toalla con facilidad cuando se trata de perseguir a las tramas de corrupción. Un ejemplo de su tenacidad por todos conocido es la imputación de la infanta Cristina en el caso Nóos, del que se ha derivado su actual enjuiciamiento por la Audiencia.
En el caso Son Espases el magistrado mallorquín está siguiendo, aparte de otras, la pista de Génova 13, la sede central del PP en Madrid que también alberga las oficinas de la estructura madrileña del partido.
Castro pretende aclarar si la constructora OHL pagó una comisión millonaria al PP por ganar el concurso para la construcción y explotación durante décadas del hospital público de referencia de las islas en Son Espases. OHL finalmente no se quedó con esa adjudicación, pero los investigadores del caso Son Espases presumen que sí llegó a pagar una comisión millonaria por aquella obra pública.
Escasos son los casos judiciales en España donde se haya podido desentrañar la cuantía y el destino del soborno por una gran licitación pública, pero Castro está dispuesto a seguir todas las pistas, por extrañas que puedan parecer a primera vista.
Javier López Madrid, empresario, examigo íntimo de los reyes Felipe y Letizia y cuñado del exministro Juan Miguel Villar Mir, la cabeza visible de OHL, hizo, supuestamente, sospechosos pagos a Beltrán Gutiérrez, exgerente del PP madrileño y antigua mano derecha de Esperanza Aguirre, actual edil del PP en la capital de España.
Los presuntos sobornos fueron diligentemente anotados por el exconsejero madrileño Francisco Granados, uno de los supuestos líderes de la trama púnica, en una agenda, que está en manos de Castro. A nada que haya alguna coincidencia de fechas con el concurso de Son Espases y anotaciones en la agenda, Castro llamará como imputado a López Madrid.
