­La Fiscalía Anticorrupción reclama un total de 154 años de cárcel y 730.000 euros en multas para los trece acusados del conocido como caso Peaje, entre quienes se encuentran el exvicepresidente del Consell de Mallorca Antoni Pascual y otros tres exaltos cargos de Unió Mallorquina (UM), por haber causado un presunto perjuicio de hasta 41,9 millones de euros a la Institución insular durante la ejecución del desdoblamiento de la carretera Palma-Manacor.

Impulsado a principios de 2009, se trata de uno de los principales casos que afectan a la extinta formación regionalista cuando ésta estaba al frente del Consell, con Maria Antònia Munar como presidenta. Sobre los inculpados, quienes serán juzgados por un jurado popular, pesan delitos continuados de malversación, cohecho pasivo y activo, fraude a la Administración y falsedad documental.

La Fiscalía solicita además que la empresa Pamasa, que en junio de 2004 suscribió con la Administración el contrato para la ejecución de las obras en la C-715, así como la UTE con la que ésta subcontrató los trabajos de construcción, conservación y explotación de la carretera, que hagan frente al pago de los 42 millones supuestamente desviados. Del mismo modo, reclama el decomiso de un millón de euros que, en total, varios de los procesados habrían cobrado en forma de soborno.

Entre los acusados se encuentran, además de Pascual, quien se enfrenta a 13 años y medio de prisión, el exdirector de Carreteras Gonzalo Aguiar -15 años y cuatro meses-, el exdirector de Obra por parte del Consell Francisco Orejudo -otros 15 años de cárcel-, y varios de los responsables de la UTE del proyecto.