Obró sabiamente Felipe VI, al desposeer a su hermana del ducado de Palma de Mallorca antes de que los Borbón Urdangarin también falsificaran un título infamante para los mallorquines. Degradaban todo lo que tocaban. Los trabajadores falsos propinan el golpe definitivo a la trama del 'caso Infanta'. Incluso en la corrupción hay reglas.
En un enunciado lineal de lo ocurrido según las versiones convergentes de los testigos, una iniciativa con el señuelo de la hermana del Rey consistía en saquear las empresas que previamente habían expoliado a comunidades autónomas, mediante la falsa contratación de trabajadores. Corrupción de segundo grado. Los integrantes de la banda se repartían los salarios, en sobres repletos de billetes. Se ajustaban sin duda al papel que la Constitución atribuye a la corona, y a la ejemplaridad predicada por sus defensores. Amparados por la nula vigilancia exteriorizada por jefes de la Casa del Rey, que han declarado pasmados por plasma.
Qué cumplimiento tributario cabe exigir a un país donde miembros de la Familia Real contratan a trabajadores ficticios, que desconocían la sede de su presunta empresa. Enrolaban al servicio como consultores. Hasta el Jefe del Estado disfrazó de préstamo una evidente donación a su hija.
Ustedes han pagado estos disparates, pero al menos no han tenido que tragarse las memorias de Diego Torres. Según la propia sobrina de este genio, organizó en solitario el equivalente mallorquín al Foro de Davos, porque la plantilla solo servía para ordeñar al fisco. Hasta las encuestas que encargaba eran falsas. Se me olvidaba exculpar a la Infanta, que no se enteraba porque en su palacete de Pedralbes había otra puerta para el acceso de los empleados inexistentes. Casa con dos puertas, mala es de guardar, ya lo escribió Calderón cuando los Reyes todavía eran los padres.
