El nuevo impuesto turístico que empezará a cobrarse el próximo uno de julio será utilizado por el Govern para cinco fines, una vez se ha caído la posibilidad de invertir en nuevas residencias para dependientes por el veto de Podemos. Los más novedosos serán el fomento de nuevos productos turísticos y la creación de empleo, ambos en temporada baja. En los dos casos se trata de propuestas del partido morado que finalmente han sido aceptadas por PSOE y Més.
Después de que el martes por la tarde los grupos parlamentarios dictaminaran el texto de la ley, la recaudación solo puede destinarse ahora -por lo menos sobre el papel- a financiar determinados proyectos finalistas, y no ir a la ´caja única´. Las modificaciones más importantes respecto al articulado inicialmente aprobado por el Govern es que la llamada todavía ecotasa debe fomentar "la creación y activación de productos turísticos practicables" entre el otoño y la primavera, así como la "promoción del turismo sostenible y de temporada baja".
Del mismo modo, fruto también de otra enmienda de Podemos, lo recaudado debe servir para la mejora de la formación y la calidad del empleo en general (los podemistas lograron que se suprimiera la coletilla "turístico"), y especialmente de fomentar la creación de nuevos puestos de trabajo en temporada baja.
"Incoherencia" de los podemistas
Son precisamente estas dos enmiendas las que sirven de argumento para que PSOE y Més acusen la "incoherencia" de sus socios de Podemos, en su demanda de un gravamen exclusivamente de carácter medioambiental. Los dos partidos en el Govern no entienden que por un lado los podemistas hayan forzado a ampliar estos supuestos, y a la vez hayan impedido que fueran seis las finalidades, y en consecuencia se pudiera costear la construcción de infraestructuras sociosanitarias con cargo al impuesto.
"¿Qué tiene de medioambiental el fomento del empleo en todos los ámbitos?", se preguntan en Més para criticar la cerrazón de Podemos a financiar nuevas residencias con las que dar salida a la lista de espera de más de 800 personas para una plaza.
El desencuentro en este punto forzó que el Pacto perdiera una votación el martes. Por contra, logró que saliera adelante uno de los escollos principales que ha habido en la negociación: el reparto de los fondos con criterios territoriales. La propuesta consensuada contempla que el 40% de los proyectos debe decidirlos una comisión, y el 60% restante deben distribuirse proporcionalmente entre las cuatro islas. A Mallorca le corresponderá un mínimo del 42% de los ingresos y un máximo del 44,8%. A Menorca entre el 6,6 y el 7,9%. Eivissa se quedará con el 7,7 de entrada por ciento y el 9,1% como tope. Y Formentera, el 0,82 y el 0,97%.
La inminente aprobación del nuevo tributo no gusta al PP. Ayer su diputado Juan Manuel Lafuente lo calificó de "bodrio jurídico importante que ni es eco, ni es tasa" y que "poco va a solucionar". El menorquín también criticó que se comience a cobrar "a mitad de la temporada turística".
El Pi votará a favor o se abstendrá
El portavoz de El PI, Jaume Font, destaca por su parte que han sido admitidas 13 de las 21 enmiendas parciales presentadas por su partido a la futura ecotasa, por lo que el voto del partido regionalista en el pleno que debatirá la ley será favorable o se abstendrá si son aceptadas algunas reclamaciones más.
"La ecotasa debe estar lo más consensuada posible para que perdure en el tiempo", señaló Font tras la reunión de la Junta de Portavoces del Parlament. El diputado celebró que gracias a una enmienda de su partido el nuevo impuesto se cobrará a partir del próximo 1 de julio, y no a finales de mayo o principios de junio, como había anunciado el Govern.
Font recordó que el Govern "apoyado por Més per Mallorca, Més per Menorca y Podemos se ha llenado la boca de que el nuevo impuesto debe ser participativo". Por lo tanto, remachó, "no apruebes tú solo los proyectos que se deben sacar adelante con la nueva ecotasa".
Por su parte, el vicepresidente del Govern balear, Biel Barceló, aseguró que el nuevo impuesto del turismo sostenible "está muy consensuado", y que el mismo servirá para "mejorar" el modelo económico y turístico de Balears y preservar el medio ambiente de las islas. Barceló celebró la aprobación la próxima semana en el pleno del Parlament de este impuesto, que contará con el apoyo de los 34 diputados de los partidos que apoyan la gestión del Govern -PSIB, Més y Podemos- y de parte de la oposición. Se trata de una "mayoría muy clara", afirmó.
El portavoz de Ciudadanos en el Parlament, Xavier Pericay, tildó por us lado de "pequeña comedia" las diferencias de los partidos que apoyan al Govern sobre la aprobación del nuevo impuesto turístico ambiental. C´s no está de acuerdo con los "aspectos fundamentales" de este nuevo gravamen, y menos aún que comience a aplicarse en plena temporada.
