El Govern balear, a través del Servicio de Salud (Ib-Salut), ha impuesto una elevada multa a la empresa concesionaria del hospital universitario de Son Espases por cobrar de más en el uso del parking del centro. La administración ha impuesto una de las máximas sanciones que contempla este tipo de infracción y ha establecido, a través de una resolución administrativa, que dicha empresa debe hacer frente a una penalización económica de 118.252 euros. La administración calificó de grave el incumplimiento cometido por esta empresa privada, que explota los servicios no asistenciales del hospital público. Por ello, el Ib-Salut consideró que eran unos hechos graves que los usuarios del hospital público tuvieran que pagar de más por el uso del parking subterráneo del hospital. Esta situación se descubrió, precisamente, a instancias de dichos usuarios, que demostraron que habían pagado mucho más dinero del establecido por la utilización de estas instalaciones. La sanción se acordó, tras el correspondiente expediente administrativo, en el mes de abril del pasado año.

Este conflicto entre la administración sanitaria y la empresa concesionaria ya ha llegado a los tribunales, que de momento solo se han pronunciado sobre la cuestión de forma y no sobre el fondo de la sanción. La empresa, para no hacer frente de forma inmediata al pago de estos 118.252 euros, acudió al juzgado para solicitar una medida cautelar de suspensión de la resolución administrativa, que solo le daba un plazo de un mes para hacer frente al pago de esta penalización. El juzgado de lo contencioso aceptó aplicar dicha medida cautelar, que supuso la congelación del pago. El juez aceptó esta medida porque no advertía que la administración, a diferencia de la empresa concesionaria, fuera a sufrir un grave perjuicio si no se abonaba de inmediato esta sanción y, por tanto, se esperaría a que los tribunales se pronunciaran sobre el fondo.

El Ib-Salut presentó un recurso sobre esta decisión, que ha conllevado que la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Balears haya tenido que pronunciarse sobre este inicial conflicto que mantiene la administración sanitaria y la empresa concesionaria. El TSJB coincide con el juez, ya que entiende que se trata de un conflicto únicamente económico y que la administración no resulta afectada si dicho pago no se produce de inmediato. Y, además, señala que la única situación que iría en contra de la administración es que se produciría un retraso en el cobro de la sanción, siempre y cuando se rechazara la demanda que había presentado la concesionaria. También se ha valorado que dicha empresa ha garantizado el pago, con sus correspondientes intereses, aunque el dinero de momento no lo haya presentado.

En estos momentos los usuarios del hospital que decidan utilizar el parking del centro tienen media hora de uso gratuito. A partir de los 30 minutos el parquímetro empieza a contar, en base a las tarifas que se han aprobado. Hace pocos días, según denunció este periódico, se descubrió que durante tres meses la empresa concesionaria que explotaba este servicio había rebajado de 30 a 20 minutos el tiempo de uso gratuito de dicha instalación subterránea. Se trataría de una situación parecida a la que el año pasado ya motivó el expediente sancionador que tramitó la administración sanitaria. El supuesto "error" fue resuelto por la empresa, que modificó las máquinas para que la primera media hora volviera a ser gratuita. La sanción impuesta el año pasado demuestra que la concesionaria ha vuelto a cometer los mismos fallos sobre el cobro de este servicio que ofrece el hospital público. Por ello, podría volver a sancionarla.