El 65 por ciento de los habitantes de Balears se declara creyente, con independencia del credo religioso que profesa, una tendencia mayoritaria pero con una tendencia a la baja que convive actualmente con el lento y progresivo aumento de los no creyentes, incluyendo entre ellos a ateos, agnósticos e indiferentes. No obstante, la fractura entre la postura oficial de la Iglesia y las opiniones de la ciudadanía es hoy total. Los baleares apoyan mayoritariamente el divorcio, vivir en pareja fuera del matrimonio, el aborto, la eutanasia pasiva y el matrimonio homesexual, con porcentajes de aceptación altísimos.

Esta es una de las principales conclusiones de la última encuesta publicada por la Fundació Gadeso, que analiza el fenómeno de la religiosidad en las islas, hace especial hincapié en las diversas posturas de los ciudadanos ante determinadas situaciones sociales que con frecuencia han chocado con la doctrina de la Iglesia, analiza la opinión sobre el Papa Francisco y sus principales retos, diferencia entre los católicos practicantes y los que no lo son, y estudia las diferentes posturas ante la asignatura de religión en la escuela.

Según el sondeo, la disminución de los creyentes se produce en todas las franjas de edad, con menor relevancia entre los mayores de 65 años, donde las cifras se mantienen estables. En los últimos años se ha producido un significativo descenso del porcentaje de menores de 45 años que se declara creyente. Y aumentan de forma progresiva los que se declaran no creyentes, especialmente entre menores de 29 años.

En cuanto a la posición de los ciudadanos de Balears con respecto a asuntos que tradicionalmente han chocado con la doctrina oficial de la Iglesia, los resultados del sondeo no pueden ser más significativos. El 99 por ciento es favorable al divorcio; el 83 por ciento, a vivir en pareja sin casarse; el 73 por ciento apoya la actual ley del aborto; el 65 por ciento, la eutanasia pasiva; el 61 por ciento, el matrimonio homosexual; y el 47% la adopción por parte de parejas gays.

Además, sólo el 18 por ciento de los baleares apoya la postura de los obispos. Y la financiación estatal de la Iglesia católica consigue la escueta aprobación del 17 por ciento de los ciudadanos.

Según Gadeso, se ha producido una desafección de la sociedad balear respecto a las posturas de la Iglesia, una disparidad de criterios que no solo se aprecia entre los que se declaran católicos, sino también entre los católicos practicantes.

Hay una tendencia entre los encuestados a intensificar la autonomía personal e individual respecto a la postura oficial de la Iglesia católica, subraya Gadeso.

Las franjas de población más jóvenes (de 16 a 29 años y de 30 a 44) son las manifiestamente más contrarias a las posturas oficiales de la Iglesia, con porcentajes de rechazo que alcanzan el cien por cien. Por contra, los mayores son los más favorables a los planteamientos y posturas de los obispos, aunque su adhesión también muestra en el sondeo una tendencia a la baja.

Entre los católicos, solo el 43 por ciento se declara practicante, es decir va a misa una vez por semana cumpliendo el precepto católico. El resto, un 57 por ciento sólo participa en los servicios religiosos de vez en cuando, sin contabilizar en este apartado los que van a misa exclusivamente cuando son invitados a bodas o bautizos.

Sólo el 15 por ciento de la población aprueba que la religión sea una asignatura evaluable en la escuela. Los porcentajes de aceptación varían según la edad de forma creciente. Un 4 por ciento entre los 16 y los 29 años; el 11 por ciento entre los 30 y los 44 años; el 18 por ciento entre los 45 y los 65 años; y el 27 por ciento entre los que tienen más de 65 años. En ningún caso se consigue una aceptación mayoritaria para esta iniciativa impulsada por el Gobierno del Partido Popular a través de al LOMCE. Vistos los datos de la encuesta, señala la Fundació Gadeso, no parece que el regreso de la asignatura de religión al currículo de materias evaluables, aunque sea de forma voluntaria, responda, "como se ha intentado vender", a una auténtica demanda de la ciudadanía, al menos de la sociedad de Balears.