Iniciativa

El Govern emite 180.000 facturas electrónicas en el año de su implantación

El objetivo es que los proveedores puedan seguir el trámite de las cantidades que la administración les adeuda

13.03.2016 | 00:59

La Comunidad Autónoma de Balears (CAIB) ha tramitado 179.238 facturas electrónicas y el Ayuntamiento de Palma 33.069 en el primero año de implantación del sistema para que los proveedores puedan seguir el trámite de lo que se les debe a través de internet los 365 días al año.

Por comunidades, la de Madrid es la que más facturas electrónicas ha tramitado, con 866.086, más del triple que la siguiente, Andalucía, con 243.734. La que menos ha gestionado ha sido Galicia, con 5.013 facturas electrónicas.

Respecto a los ayuntamientos, el de Madrid está a la cabeza de todos, con 85.633 facturas electrónicas, seguido del de Sevilla, con 34.746; Palma (33.069); Málaga (28.789), y Pamplona (23.515).

En el conjunto de España, las administraciones públicas han tramitado en el último año algo más de siete millones de facturas electrónicas. De los siete millones de facturas electrónicas emitidas -una de las medidas estrella del proceso de reforma de las administraciones del Gobierno-, alrededor de 2,7 millones han llegado a las comunidades autónomas y otros 3,7 millones a los ayuntamientos adheridos.

Según la información del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, desde que este tipo de operaciones son obligatorias, en enero del año pasado, se han tramitado 7.119.288 facturas, por un importe superior a los 37.550 millones de euros. Casi la mitad, en concreto el 49,62 por ciento, corresponden a la administración local, mientras que el 38,45 por ciento ha sido para las comunidades, y el 9,94 por ciento para la Administración General del Estado. El resto de facturas han sido para universidades y otras instituciones. Sin embargo, si se analiza por importe de las facturas, la mayor cantidad ha sido gestionada por las autonomías (14.160 millones de euros), por delante de las corporaciones locales (12.928 millones) y la Administración General del Estado (9.600 millones).

La ley de impulso a la factura electrónica y creación del registro contable de facturas del sector público establece como uno de los pilares del control de la morosidad de las administraciones la obligación de esta práctica. Sólo quedan excluidas las facturas inferiores a 5.000 euros y las destinadas a servicios en el exterior.

Para posibilitar a los proveedores la remisión de las facturas se fijó la creación, en cada administración, de puntos propios de entradas de las mismas.

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