El pleno del Parlament aprobará el próximo martes la proposición no de ley presentada por Més con el objetivo de obligar al PP balear a devolver la subvención electoral de la campaña de 2007, que ascendió a 1.107.256 euros, después de que el exgerente del partido y cuñado del expresident Jaume Matas, Fernando Areal, admitiera en octubre del pasado año ante los tribunales que se pagaron 72.000 euros en negro a la empresa Nimbus Comunicación, en concepto de publicidad electoral, y se declarara culpable de un delito electoral.

Según argumenta Més en su propuesta, registrada en noviembre del pasado año y que será aprobada con el voto de los partidos del Pacto, esta actuación "supondría la confesión de un delito fiscal" y de un delito electoral. Los portavoces de Més per Mallorca y Més per Menorca, David Abril y Nel Martí, explicaron ayer tras la Junta de Portavoces del Parlament, que la propuesta insta a la Sindicatura de Comptes a revisar y actualizar la auditoría e informe de fiscalización externa sobre la contabilidad electoral del PP de 2007. Esta actualización, según la propuesta, debe basarse en "los hechos probados y condenados", en referencia al caso Scala caso Scalaen el que el PP ya fue condenado a pagar 10.585 euros por trasladar de Mallorca a Eivissa prospectos electorales del partido con fondos públicos, así como "en otras sentencias que se puedan derivar de casos que se tramitan en estos momentos".

Además insta al Tribunal de Cuentas a garantizar que se cumplió la legalidad en el proceso electoral de aquel año, en base también a "la sentencia sobre el caso Scala" y de otras sentencias como la de la confesión de Areal, que al declararse culpable de delito electoral aceptó un año y medio de cárcel.

Así, se insta al Govern a que, si en el informe de la Sindicatura de Comptes o del Tribunal de Cuentas se pone de manifiesto el incumplimiento de la ley electoral, pida un informe al Consell Consultiu "sobre la nulidad del pago de la subvención electoral y la correspondiente devolución" de la misma. "El PP financió ilegalmente las elecciones autonómicas de 2007, utilizó la estructura y los recursos de la Comunidad Autónoma e hizo gastos en B que podrían vulnerar la ley electoral y la ley de partidos", afirma Més.

Por otro lado, el Parlament aprobó en comisión, con los votos de PSOE, Més, Podemos y El Pi, la modificación de la Ley de la Función Pública para que el catalán sea de nuevo requisito en el acceso a la administración pública, quedando así este cambio pendiente ya solo de la aprobación definitiva del pleno.