Política

El impago de pensiones de alimentos se considerará violencia machista

El Govern aprueba el proyecto de Ley de Igualdad que contempla multas de hasta 90.000 euros

05.03.2016 | 02:38
Santiago, Pons y Rosa Cursach, del IbDona, el pasado año en la presentación del borrador de la Ley.

Las claves

  1. Violencia económica: No pagar la pensión de alimentos se entenderá como agresión
    El proyecto de Ley tipifica el impago voluntario de las pensiones de alimentos como violencia económica y a esta se le identifica como uno de los tipos de violencia machista.
     
  2. Prohibición: Sin ayudas ni contratos públicos para condenados por prácticas laborales discriminatorias
    Las administraciones no podrán contratar ni conceder ayudas a quienes sean condenados por ejercer o tolerar prácticas laborales consideradas discriminatorias por razón de sexo.
     
  3. Nuevos organismos: Observatorio de la Igualdad y defensor de la Igualdad
    El proyecto de Ley contempla la creación de un Observatorio de la Igualdad y de la figura del defensor de la Igualdad entre mujeres y hombres.

El Govern aprobó ayer el proyecto de Ley de Igualdad balear que contempla, entre otras medidas, el impago de las pensiones de alimentos como uno de los tipos de violencia machista que contempla la ley, por lo que las víctimas tendrán el derecho a recibir las mismas ayudas y prestaciones que las mujeres que padecen agresiones físicas o psicológicas. En cuanto al que no pague la pensión de alimentos, será multado con las sanciones que contempla la futura Ley para el incumplimiento de los distintos aspectos de la normativa, que van desde los 3.000 a los 90.000 euros, según resaltó el conseller de Presidencia, Marc Pons, al acabar ayer el Consell de Govern.
El proyecto de Ley será ahora remitido al Parlament para su tramitación y aprobación final. El texto tiene pocas modificaciones con respecto al que dejó preparado la actual consellera de Asuntos Sociales, Fina Santiago, con el anterior Pacto de Progreso y que el Govern del popular José Ramón Bauzá paralizó. Por ello, aunque esta materia depende de la conselleria de Presidencia, será Santiago la que defienda la Ley en el pleno de la Cámara balear.

En el texto se considera que cuando alguien no paga la pensión de alimentos de manera voluntaria, lo hace como una manera de continuar controlando y maltratando a la mujer por la vía económica. Al igual que con la agresión física, las víctimas podrán acceder a las ayudas de la administración para las mujeres que padecen violencia machista, un derecho que quedará garantizado con la renta social en la que se contempla que las mujeres que denuncien el impago de la pensión de alimentos pueden ser beneficiarias de la prestación.
La futura Ley incluye la obligatoriedad de las administraciones de disponer de recursos suficientes para atender a las víctimas de violencia machista. Además, las administraciones públicas no podrán conceder subvenciones, becas o ayudas a los solicitantes que hayan sido condenados por ejercer o tolerar prácticas laborales consideradas discriminatorias por razón de sexo o de género, ni suscribir contratos o convenios con ellos. También obligará a las administraciones a aprobar planes de igualdad e incluir informes de impacto de género en las iniciativas que aprueben, incluyendo los anteproyectos de presupuestos.

Junto a ello, se fomentarán los planes de igualdad en las empresas y la inclusión de cláusulas para promover y garantizar la igualdad de oportunidades y la no discriminación por razón de sexo en la negociación colectiva. Además, se incentivará la contratación estable y el ascenso a niveles superiores de las mujeres y el SOIB no podrá tramitar ninguna oferta de ocupación que pueda ser discriminatoria por razón de sexo. El texto incluye asimismo la creación del Observatorio de la Igualdad y de la figura del defensor de la Igualdad de mujeres y hombres.
El proyecto de Ley incluye medidas para promover la igualdad de género en la administración, a pesar de que el Govern no cumple con la paridad en el primer nivel de altos cargos, entendida esta como que al menos haya una relación del 60% y el 40% de cada sexo. De las 43 direcciones generales, 31 las ocupan hombres y sólo12 están en manos de mujeres. En lo que se refiere al Ejecutivo, lo integran seis consellers y cuatro conselleras, además de la presidenta Francina Armengol, por lo que en el primer nivel del poder si cumple con la paridad, aunque sea por la mínima.

Hace un mes Pons admitía que el Ejecutivo no estaba cumpliendo con la paridad, aunque ayer afinó al máximo sus cuentas para concluir que sí cumple, a pesar de la evidencia de conselleries en las que todos los directores generales son hombres, como la de Territorio o Hacienda. Así, sumó consellers, directores generales, jefes de gabinete, personal de comunicación, asesores y altos cargos de las empresas públicas y, de este modo, según dijo Pons, el 57% de cargos del Govern son hombres y el 43% mujeres. El portavoz del Govern consideró que si bien hay conselleries en las que ninguna mujer es directora general, lo importante es el Govern en su conjunto. "Además, Balears tiene por primera vez una mujer presidenta, algo que no había pasado nunca", afirmó.

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