En un delincuente habitual, se justificaría lo ocurrido por las secuelas de una infancia desgraciada, lastrada por estrecheces económicas sin cuento. En el caso de la Infanta, hay que inclinarse con respeto ante la víctima comprensible de una niñez dorada, en la que llegó a creer que los privilegios emanan de la divinidad. Y el dinero público también. Algo funciona mal en este silogismo, mejor abreviar en que la única razón para desalojar a Cristina de Borbón del banquillo es que deje de avergonzar al país donde aspira a reinar, como número seis en la sucesión al trono. España, no Suiza. O ambos, dados sus vínculos.
Centenares de jóvenes mallorquines han cursado una carrera, han cumplimentado masters y tesis doctorales con provecho, para verse abocados al subempleo o a la emigración. Entre otras cosas, porque su Govern pagó millones de euros injustificables a los Borbón Urdangarin. La escrupulosa mitad de los ingresos recaía en Cristina de Borbón, como socia al cincuenta por ciento de la empresa receptora Aizoon. Tan ignorante no era, cuando se reservó la mitad. Y sin embargo, nunca se preguntó por la fuente de donde manaba ese dinero. Se fiaba de su marido, pese a que la declaración de parvulario de Urdangarin ha demostrado que la hermana del rey no está casada con un aspirante al Nobel de Economía. "No hablábamos de los temas de Aizoon". La perceptora de una turbia fortuna estaba muy ocupada en actos de representación de la Familia Real. También cobrando, claro.
Que alguien explique a los estudiantes emigrados o en paro el gesto pasmado del fiscal Anticorrupción y de la abogada de Hacienda no somos todos, enmudecidos en lugar de exigir explicaciones a la Infanta. Con un visaje que reflejaba su incomodidad. Si la mínima seriedad exigible al Estado reposa en Manos Limpias, la situación es más preocupante de lo que sospechábamos. Por algo los Borbón Urdangarin viven en Ginebra.
La protagonista estelar del caso Infanta muestra escasa confianza en su inocencia, cuando se niega a responder a las preguntas de letrados que no tiene contratados. El único interrogatorio, por llamarlo de alguna manera, fue dirigido y no solo realizado por unos de sus abogados defensores en nómina. Sí, como una ciudadana cualquiera. Algún día se escribirá un libro sobre el provincianismo judicial mallorquín, con tribunales que sistemáticamente ceden la batuta al abogado más caro de los presentes. Fue tan humillante como observar a Patxi López otorgando minutos de réplica a Margallo o Fernández Díaz, en el debate de investidura del que solo eran silenciosos espectadores. La intención del relamido ceremonial era clara. Cristina de Borbón no figura en el banquillo como presunta corrupta, sino como supervisora. En la célebre frase de Maria Antònia Munar con motivo de una de sus visitas al Tribunal Superior, "he venido a explicarle a los jueces".
La Infanta puede negarse a declarar como un ciudadano cualquiera, faltaría más. Sin embargo, no puede librarse de rendir cuentas como hija y hermana de Reyes. Dicho de otra forma, si no asume las escasas servidumbres de su cargo excelentemente retribuido, procede retirarle el coche oficial, el trato preferente. Y antes que nada, relevar a los escoltas policiales a quienes la hija del Rey y su marido entregaban fajos de facturas de gastos privados para que los trasladaran al contable de su empresa, según ha confesado el gerente con todo lujo de detalles.
Gracias a que jugaba en casa y a los ensayos previos, la primera licenciada superior de la Familia Real entendió a la primera casi todas las preguntas de su abogado. Bueno, la mayoría. Su "¿puede repetirme la pregunta?" engrosará los anales de los apóstoles de las calidades esenciales que adornan a las Familias Reales. Tal vez habría que llamar a declarar como imputados a los profesores que le regalaron un título universitario. Y si la Infanta declama disciplinada que "no hablábamos de los temas de Aizoon", ¿cómo sabe que su empresa "rotundamente no" pagaba sueldos en efectivo? Por cierto, otra cuestión resuelta por su contable.
El daño deliberado que Cristina de Borbón le ha infligido a su Familia es más incalculable que la fortuna obtenida como explotadora de su apellido, porque ayer no demostró otras dotes. Sin embargo, la maldita justicia de los ciudadanos cualesquiera obliga a descargar la responsabilidad sobre espaldas no recubiertas de armiño.
Y aquí, en el más puro estilo Matas, la Infanta se refugia en sus subordinados. En concreto, en su marido inferior en título, salvo para quienes un balonmanista consorte pese más que una hermana de Rey. Si le achaca la responsabilidad, también le endosa la posible pena a su esposo. Sin pestañear, hay clasismos innatos. La tesis de que Urdangarin pague por el matrimonio figura de modo implícito en las acusaciones de la fiscalía y de la abogacía del Estado. Esta maniobra ni siquiera ofende por su machismo implícito, de la mujer con la pata quebrada. Sobre todo, se trata de demostrar que es más fácil condenar a un plebeyo a que un rico pase por el ojo de aguja de la justicia.
Ahondar en las contradicciones oceánicas del dúo Borbón Urdangarin, los Pimpinela de la Familia Real, constituye un ejercicio tan vasto como irrelevante. Verbigracia, la hermana del Rey pone una tarjeta de crédito a su nombre en manos de trabajadores indeterminados de su marido, sin preocuparle el daño a la Corona de un uso perverso de fondos con su escudo regio. ¿Qué es lo siguiente, pasarle los códigos del arma nuclear española a un amigo bielorruso?
El tribunal es aquí lo de menos. Que alguien explique, a los enfermos en los pasillos de Son Espases, que la Infanta y su testaferro Urdangarin enfangan a la Casa del Rey al completo, pero no al monarca. Es decir, la culpa es del Real Madrid, pero Florentino Pérez no tiene nada que ver. ¿A quién reportaban, que diría un cursi de Madrilandia, los Fontao y Revenga? Si la sucesión al trono fuera una competición deportiva disputada con un mínimo de limpieza, la Infanta hubiera descendido ayer de la posición 6 a la 666.
