"Es rotundamente falso que a los empleados de hogar les pagáramos con dinero en efectivo". De esta forma la infanta Cristina intentó desmontar una de las circunstancias que, en cierta forma, la he llevado al banquillo, ya que el juez Castro afirmaba que había participado en la contratación y en el pago irregular del servicio. La hermana del Rey afirmó que, en efecto, ella y su marido participaban en la elección del personal doméstico. "Después era mi esposo quien se encargaba de su contratación. También intervenía, por razones obvias, el servicio de seguridad". E insistió en que ella nunca conoció que estos trabajadores fueron dados de alta en la sociedad Aizoon y el pago de sus nóminas fuera utilizado como gasto de la empresa para abonar menos impuestos. Tampoco conocía, ni tenía ninguna relación con ellos, el resto de empleados que trabajaban para su marido y que estaban dados de alta en Aizoon, aseguró. Aclaró que el acceso al despacho de Urdangarin, en su propio domicilio, era distinto a la entrada principal de su casa.
Reconoció que firmó un documento que se refería al arrendamiento de su casa como despacho profesional de Aizoon, pero aclaró que fue un error, porque ella no dispuso nunca de ningún poder ejecutivo en la empresa y no podía firmar este certificado. Ante la pregunta de su abogado sobre en cuántas personas confiaba, ella le corrigió en "cuántas personas confió", refiriéndose al momento presente. La Infanta le respondió que "por supuesto en mi marido, en Carlos García Revenga, en Federico Rubio y en mis compañeros de trabajo. Antes también confiaba en los asesores de mi esposo. Ahora ya no". La hermana del Rey quiso concluir su declaración explicando al tribunal que ingresó en la cuenta del juzgado la cantidad económica que le exigió la fiscalía y la abogacía del Estado en concepto de responsabilidad civil, casi 600.000 euros.
La Infanta, en todo momento, evitó hablar de su padre y de su hermano en su declaración que duró una hora.
