La presidenta del Govern, Francina Armengol, afirmó ayer en el pleno del Parlament que por ahora los trabajadores públicos despedidos en la pasada legislatura por el Govern del PP han costado a las arcas autonómicas 10 millones de euros. "Esta es la herencia de vergüenza que nos dejó el PP con su política contra los trabajadores de esta tierra", afirmó al diputado Carlos Saura, de Podemos, que le preguntó por la política del Govern respecto a los trabajadores despedidos por el Ejecutivo de José Ramon Bauzá.

Armengol precisó que "hay que estudiar cada caso" ya que, aunque hay sentencias a favor de trabajadores, no ha sido posible readmitirlos a todos. "Muchos eran laborales y, dentro del juego sucio que utilizó el PP, después de despedirlos amortizó las plazas, por lo que ahora no se pueden readmitir ya que no existen esas plazas", reprochó. Junto a ello, afirmó que en lo que se refiere a los trabajadores públicos, el Govern sigue la "hoja de ruta" pactada con Podemos y Més.