El Consell Consultiu ha emitido un durísimo dictamen contra un nuevo procedimiento de contratación del IB-Salut. En este caso pertenece a la legislatura pasada, concretamente al año 2014, cuando el Servei de Salut prolongó el contrato del servicio de mantenimiento informático del hospital de Son Espases por tres meses, de forma verbal y sin procedimiento administrativo, por un valor de 380.564 euros. El informe del alto órgano jurídico lo califica de "contratación irregular" y no escatima adjetivos a la hora de denunciar las prácticas del IB-Salut.
"Constituye -sentencia el dictamen del Consell Consultiu- un acto preparatorio de la prórroga de contratación sin seguir el procedimiento legalmente establecido en la normativa de contratación y sin dotación presupuestaria para poder abonar los servicios prestados". Acto seguido, el alto órgano jurídico del Govern redunda en la mala praxis a la hora de contrataciones públicas utilizada por el Ib-Salut: "Por tanto, adolece de uno de los vicios más graves del Derecho Administrativo, la nulidad radical, por haber omitido total y absolutamente el procedimiento legalmente establecido y por la ausencia de crédito".
El IB-Salut, entonces comandado por Miquel Tomás y con Martí Sansaloni de conseller de Salut, se dio cuenta en octubre de 2014 que concluía el contrato con la empresa concesionaria del servicio de gestión y mantenimiento de microinformática, electrónica de red, centros de procesos de datos , red inalámbrica y soporte de sistemas. Era un contrato suscrito en 2010, cuando se inauguró el hospital de Son Espases, por una duración de 4 años y un importe de 14,9 millones de euros.
El IB-salut pidió expresamente a la concesionaria, en vista que estaba preparando el concurso para una nueva adjudicación, que siguiera con el servicio hasta enero de 2015. De hecho, consta un escrito del director general del Servei de Salut dirigido a la concesionaria donde pide prolongar el servicio "para evitar un grave transtorno al servicio público". Es por eso, que el dictamen del Consultiu concluye que ante el escrito del director del IB-Salut "nos encontramos ante un acto preparatorio de la contratación".
Pese a estos procedimientos "irregulares", la concesionaria, como es lógico, quiso cobrar estos tres meses y emitió tres facturas hasta completar los 380.564 euros. Cuando el IB-Salut recibió las facturas ya sabía que no tenía partida presupuesta para abonarlas y decidieron recurrir a la vía de reconocimiento extrajudicial de deuda que precisa un dictamen de Consultiu para declarar nula la contratación y abonar las cantidades por la vía de la certificación de los trabajos realizados. De hecho, en los diferentes dictámenes del órgano Jurídico del Govern, habitualmente se aconseja a las instituciones pagar porque se han acreditados los trabajos y se debe evitar el enriquecimiento ilícito de la Administración.
Pese a ello, el Consell Consultiu recuerda que las prácticas de contratación de servicios del IB-Salut suponen un "incumplimiento generalizado" de la normativa y de la Ley Estatal de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. El dictamen, obra del catedrático Joan Oliver Araujo, incide en que este tipo de contrataciones vulneran los "principios de publicidad, igualdad y libre concurrencia".
