Los abogados de la expresidenta del Consell de Mallorca por Unió Mallorquina (UM) Maria Antònia Munar ultimaban ayer un pacto de conformidad con la fiscalía anticorrupción por el que su representada admite haber usado fondos públicos de esa institución, a través del Consorcio de Informática Local de Mallorca (Cilma) para contratar a liberados del partido. El acuerdo se extiende a todas las causas por corrupción que penden sobre la expresidenta de UM, en prisión desde el 24 de julio del 2013 por dos condenas anteriores, y ayer estaba pendiente de la pena máxima a cumplir y las cantidades a devolver.
Munar será juzgada el próximo lunes junto a otros 17 acusados, entre ellos la excúpula de su partido. Se trata de la llamada pieza 13 del caso Voltor, una supuesta malversación de 430.000 euros del Cilma en la contratación de 30 liberados entre 2006 y 2007. Aquí podría materializarse la conformidad global de la exalcaldesa de Costitx. Todos los acusados estarían obligados a devolver esa suma y a Munar le ha sido asignada una cuota de 36.000 euros. El fiscal le pedía 8 años de cárcel, pero tras el pacto su petición se queda en 9 meses.
Fecha límite en la cárcel
Munar quiere poner fecha a su salida de prisión y ya arrastra dos condenas de un total de 11 años y medio de privación de libertad por otras tramas de corrupción.
Las condiciones de la fiscalía anticorrupción para el acuerdo han sido las clásicas: admisión de los hechos, arrepentimiento y devolución de los fondos públicos desviados. La fiscalía reclamaba para la expolítica tres años de cárcel por el delito de asociación ilícita y otros 5 por la malversación de caudales por la trama de Voltor.
En el sumario de la pieza 13 ya existían otros arrepentidos, como Eugenio Losada, exgerente del Cilma y defendido por Francisca Pol, quien confesó las falsas contrataciones y facilitó documentos y correos que incriminaban a los dirigentes de UM que le habían ordenado fichar a esos trabajadores. Eugenia Cañellas, exsecretaria general técnica de Miquel Nadal cuando este era vicepresidente del Consell, también aportó cuadernos y mensajes de internet sobre las altas ficticias en el consorcio y los políticos que las solicitaron. Anticorrupción ha rebajado sensiblemente las penas para Losada y Cañellas: 2 años y 9 meses de cárcel para cada uno.
Más arrepentidos
Otros acusados, como Francesc Buils, Miquel Àngel Flaquer y Miquel Nadal, a los que anticorrupción sitúa en el vértice del entramado también han buscado pactos para minimizar sus penas de cárcel. Buils y Nadal cumplen actualmente condena en prisión por otras causas.
Los fiscales Juan Carrau y Miguel Ángel Subirán acusan a la excúpula de UM de formar una asociación ilícita para "obtener beneficios económicos en favor del partido" mediante la sustracción "de importantes cantidades de fondos públicos de los que tenían poder de disposición por razón de sus cargos".
Munar "ocupaba la posición de líder o jefe director de la estructura delictiva y establecía las líneas maestras del funcionamiento de dicho grupo delictivo, a la vez que impartía las correspondientes instrucciones a sus subordinados, dada su posición de presidenta del Consell de Mallorca y del partido UM", mantiene anticorrupción.
Anticorrupción pide para Munar 4 años de cárcel y una multa de 9 millones de euros por el supuesto cohecho que recibió de la multinacional Sacresa por la adjudicación de los solares de Can Domenge.
Cuando se celebre el juicio, Maria Antònia Munar volverá a compartir el banquillo con otros dos antiguos colaboradores, Miquel Nadal y Bartomeu Vicens, a quienes el fiscal también imputa un delito de cohecho.
Para Nadal se solicita una condena de un año y diez meses de prisión y una multa de tres millones de euros.
