Tanto los propios trabajadores del Instituto de Investigación Sanitaria de Palma (IdISPa) como fuentes cercanas a las negociaciones que se están llevando a cabo para poner en marcha los estudios de Medicina en el mes de octubre, al inicio del próximo curso académico, han alertado de que en Madrid están barajando imponer una moratoria, similar a la que se estableció en los años noventa, que no permitirá que se creen nuevas facultades de Medicina durante los próximos diez años.
Esto implicará que, si finalmente no se ejecuta el proyecto durante este año, es más que probable que la facultad de Medicina no se pueda poner en marcha durante los próximos dos lustros y esta comunidad volvería a dejar escapar una oportunidad para ampliar su oferta académica universitaria.
Además, este hecho impediría que el IdISPa obtuviese la acreditación que el Instituto Carlos III, principal financiador público de proyectos de investigación sanitaria, solo otorga a organismos investigadores vinculados a estos estudios de Medicina.
Lo explica Cristòfol Vives, investigador Miguel Servet que dirige el grupo de neurociencias del IdISPa: "Esta acreditación es como un sello de excelencia que el Carlos III otorga a una treintena de instituciones en todo el país para concentrar los inversiones públicas en estos centros de referencia y garantizarse un mejor retorno de sus fondos. El IdISPa entrará en este grupo de elite si hacemos las cosas bien y rápido (poner en marcha los estudios) ya que contamos con la ventaja de que, además, es el único instituto de investigación biomédica de esta comunidad mientras que en otras regiones hay varios".
Advierte además Vives que no solo la inversión pública en investigación se la repartirán estos institutos acreditados sino que "las agencias privadas que financian estos proyectos también se están sumando a esta política de aportar fondos únicamente a los grupos investigadores que trabajen en estos organismos acreditados".
Para intentar hacer comprender a la opinión pública que "invertir en investigación no solo es rentable y provechoso sino que también mejora la práctica clínica y beneficia directamente a la población", Vives aporta las siguientes cifras: "Somos cuatro los investigadores pagados por el Sistema Nacional de Salud con unos contratos que establecen que el 25% de nuestro salario lo paga la CAIB. Pues bien, la comunidad ha desembolsado un total de 240.000 euros para pagar este porcentaje a dos investigadores durante cuatro años y a los otros dos durante los últimos tres. Y hemos conseguido un retorno de 2,2 millones de euros en proyectos competitivos y generado diez puestos de trabajo entre becas y técnicos de laboratorio. En definitiva, 9 euros por cada uno invertido".
Discrepa Daniel Bachiller con su compañero al asegurar que los fondos que dedica el Carlos III a investigación son una cantidad ínfima comparada con la financiación a la que se puede acceder en el ministerio de Economía o en Europa en convocatorias abiertas y competitivas a las que, lamenta, no suele concurrir el IdISPa. Y rechaza por último que todos los fondos del Carlos III se vayan a repartir entre los institutos que estén acreditados sino que será tan solo un porcentaje de ellos.
