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Opinión

Juan Carlos de Borbón se llevará las culpas

"Urdangarin" sigue siendo el eufemismo universal de los autoinculpados, para evitar una mención directa al influjo de La Zarzuela

Jaume Matas, conversando ayer con su abogado, Josep Zaforteza. efe

Se llama corrupción cuando la repugnancia que causan los hechos es superior a la condena que reciben. En el caso Infanta, todos los acusados recibían órdenes para infringir la ley, y las cumplían con gusto. El inefable Juan Carlos Alía, guía de la expedición del Govern Matas al prostíbulo Rasputín, destacó ayer que no sufrió reparos de conciencia al cumplir a rajatabla con las instrucciones del engendro recaudador de Cristina de Borbón y de Iñaki Urdangarin. Ha necesitado una década para "darme cuenta de que no fue el camino correcto, y lo siento".

Los cuatro altos cargos del PP autoinculpados han mantenido la cortesía eufemística de referirse a Urdangarin, como el linaje que franqueaba las ilegalidades a mansalva. Se sobreentiende que todos ellos se refieren al influjo del apellido Borbón, porque no consta que ninguno de los acusados padezca una afición sobresaliente por el balonmano. Desde el propio arranque en una partida de pádel en Marivent para impresionar a los rústicos del Govern, el usufructo del palacio en cuestión no figura a nombre de la Infanta, sino de su augusto padre.

En el momento cumbre de su carrera corrupta, Jaume Matas prolongará hoy la cadena de obediencia indebida que a la fuerza desemboca en La Zarzuela. No tiene que defenderse de las acusaciones, sino de sus subordinados. En la entrevista con Jordi Évole a la que se dejó arrastrar para dar rienda suelta a su micromegalomanía y que le costará una condena, ya destacó que una sugerencia de la Familia Real estaba por encima de la legislación vigente. Como el balonmanista se le queda pequeño, señalará directamente a Juan Carlos de Borbón. El entonces Rey le habría encomendado más que recomendado a su yerno, para que lo "tratara bien" en una expresión de característica campechanía. Al margen de la escasa fiabilidad del emisor, el mensaje regio es verosímil. Y si quiere echarse a temblar, imagine la conmoción si esa misma declaración emana de los labios de Urdangarin.

Dado que el Rey inviolable no puede ser acusado ante un tribunal, tampoco puede defenderse. Juan Carlos de Borbón se llevará las culpas sin comentarlas. En los casos de corrupción, es habitual que el fallecido cargue con la trama, desde el Túnel de Sóller hasta el presidente de la comisión de contratación de Son Espases. Poéticamente, el exilio gastronómico de un monarca abdicado equivale a una muerte en vida, véase el exPapa Ratzinger. El tribunal no tendrá demasiadas dificultades para trasladar a una sentencia la ilegalidad rampante del Govern Matas, pluriconfesada por su cúpula. La dificultad estribará en encajar el papel de la Familia Real en el tinglado, por encima de la cada vez más inevitable presencia en el banquillo de Cristina de Borbón y de Iñaki Urdangarin, que presidían actos tan relevantes como la celebración de la Fiesta Nacional.

La justicia se adentra en terra incógnita, con efectos imprevisibles. Por ejemplo, el auto magistral que derribaba las pretensiones exculpatorias de la fiscalía respecto a la Infanta, supone la mejor arma de Pedro Horrach para sellar pactos con los acusados en condiciones favorables. Ahora, la ausencia de precedentes judiciales obliga a plantear si el tribunal puede incluso citar al Rey inviolable, en una sentencia que golpea a sus familiares directos.

Quienes invocan el nombre del Rey no actúan necesariamente con su consentimiento, pero en la Audiencia solo se escuchará la voz de altos cargos que fingen un deslumbramiento ante el fulgor de la hija del monarca. Al fin y al cabo, los principales empresarios del país también pagaron millones por la conexión del Instituto con La Zarzuela, y así lo han declarado.

Diego Torres ha abundado, en persona y a través de su abogado, en la supervisión directa de la trama a cargo de Juan Carlos de Borbón. En su jocoso libro La verdad sobre el caso Nóos no solo complica al entonces monarca, sino también a la Infanta Elena, a la Reina Sofía y, por supuesto, a Felipe VI.

Los correos de Urdangarin demuestran una dependencia de Juan Carlos de Borbón más allá de la relación habitual entre yerno y suegro, por mucho que el segundo sea Jefe de Estado. Todavía hoy, el mayor mérito del esposo de la Infanta consiste en haber mantenido al penúltimo monarca al margen de sus declaraciones. Este sacrificio de rey puede costarle años de cárcel.

Cristina de Borbón tiene seis abogados. No está mal, para una persona tan inocente que considera que no debió sentarse en el banquillo. Mientras los letrados deliberan si su línea argumental debe insistir en decirle a tres magistradas que la Infanta no es como ellas, suena pertinente preguntarse si la funcionaria Dulce Linares, asiduamente citada como intermediaria de Matas, cobra el sobresueldo del nivel 33 en agradecimiento por sus carísimos desvelos al servicio de los habitantes de Balears.

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