Iñaki Urdangarin no ha podido aún cumplir las condiciones que le exige la fiscalía Anticorrupción para cerrar un pacto. El acuerdo pasa, en primer lugar, por devolver hasta el último euro público que cobró como presidente del instituto Nóos. Una cantidad que alcanza los seis millones de euros y que teóricamente deberían afrontar solidariamente el exduque de Palma y su antiguo socio, Diego Torres, que esta mañana volverán a encontrarse en el banquillo de los acusados del juicio del caso Nóos.

Los abogados del cuñado del Rey llevan mucho tiempo en negociaciones con la fiscalía, aunque oficialmente se estén negando los encuentros. Se ha hablado de las condiciones para cerrar el pacto e incluso se han fijado las condenas que el fiscal está dispuesto a aceptar, que supondrían el ingreso efectivo de Urdangarin en la cárcel, pero serían muy inferiores a las que reclama ahora en su escrito de acusación, 19, 5 años.

Hace tiempo que el marido de la infanta Cristina ha dado muestras de su disposición a devolver el dinero reclamado. Vendió su palacete de Barcelona, su principal activo económico, y el dinero que sobró después de pagar la hipoteca restante lo depositó en la cuenta del juzgado. Y también logró la autorización para vender los dos pisos que, a través de Aizoon, posee en Palma, pero los beneficios que obtendrá son menores y no se acercan ni de lejos a la cantidad que se le está exigiendo.

Fuentes próximas al caso han señalado la dificultad que tiene para reunir una cantidad tan elevada, pero Iñaki Urdangarin sabe lo mucho que se juega y es consciente de que si no logra este objetivo la pena que se le impondrá, presumiblemente, será muy elevada. Ni sus propios asesores legales se creen que aunque intente defender que todos sus negocios en Nóos fueron legales y vuelva a descargar todas la responsabilidad de gestión en su antiguo socio, como hizo ante el juez Castro, vaya a dar resultado. No solo se enfrenta a las contundentes pruebas que apuntan en su contra, sino a la mayoría de imputados, que están dispuestos a cargar contra él y responsabilizarle de todos los delitos, ya que ello forma parte del acuerdo que han llegado con las acusaciones.

Ante tantos frentes en contra, la persona más interesada en que este acuerdo se apruebe es precisamente el propio Urdangarin. Si paga este dinero se le aplicaría una atenuante muy cualificada. De hecho, la última reforma del Código Penal facilita estas atenuantes en los delitos de malversación de caudales públicos, cuando el acusado devuelve el dinero que se le exige. Esta reforma ha reducido drásticamente el castigo que se podría imponer que, en el peor de los casos, sería de tres años, aunque incluso podría reducirse.

Se da la circunstancia que si Urdangarin reúne este dinero, también se beneficiaría su antiguo socio, Diego Torres, que no pierde oportunidad para insistir en que no está buscando un pacto y que tiene la intención de defender su gestión al frente de Nóos.

En ninguna de las negociaciones que ha mantenido el fiscal Pedro Horrach con los acusados se ha comprometido a señalar un determinado número de años de cárcel. El fiscal adoptará una decisión u otra con cada uno de estos acusados dependiendo en cierta forma de la declaración que hagan. Se trata de la parte que afecta a los antiguos altos cargos del Govern balear que intervinieron en la contratación de los proyectos de Iñaki Urdangarin. La acusación dispone de pruebas más que suficientes para demostrar las irregularidades que cometieron los acusados y sabe que los elementos de prueba que ha reunido son contundentes y dan poco margen a la interpretación.