Servicios Sociales

El Govern cambia el decreto que dejaría a más de 1.200 dependientes sin ayudas

Los que lleven más de 60 días esperando acceder a una residencia tendrán una ayuda económica

06.02.2016 | 12:07
La consellera de Asuntos Sociales, Fina Santiago.

Las claves

  • Dependientes perjudicados: Entre 2011 y 2015 perdieron la ayuda 2.200 por no ir a revisarse
    En la pasada legislatura se les retiró la ayuda a 2.200 dependientes por no acudir a revisar su grado. Entre julio y septiembre de 2015 perdieron la ayuda otros 100.

    Residencias: No deberán abandonarla si mejoran
    No se harán nuevas revisiones a los que ya estén en una residencia.

    Prestaciones: Será compatible la ayuda domiciliaria con la económica
    A partir de ahora se podrán combinar prestaciones y servicios de dependencia, como la ayuda a domicilio y la económica.
     

Dependientes a los que se les retiraban las ayudas porque, a causa de su deterioro, se les olvidaba acudir a la revisión sobre su grado de dependencia, además de exigirles la devolución de las ayudas cobradas durante este tiempo. Expulsados de residencias porque, al mejorar con la atención recibida en las mismas, disminuía su grado de dependencia. Son algunos de los casos que, según expuso la consellera de Asuntos Sociales, Fina Santiago, se estaban produciendo con la aplicación del Decreto del Govern que establece los principios generales del procedimiento de dependencia y que el Ejecutivo modificó ayer para evitar estas situaciones.

El Decreto se aprobó en 2010, con el anterior Govern del Pacto de Progreso y con Santiago también como consellera de Asuntos Sociales, pero en su aplicación en la práctica ha provocado este tipo de situaciones.

Santiago justificó esta situación en que en aquel año no existía experiencia previa sobre cómo regular para que la Ley de Dependencia llegara a sus destinatarios. La conselleria de Servicios Sociales detectó en septiembre que se estaban produciendo numerosos casos de dependientes que, al no acudir a hacerse la revisión en el plazo marcado, perdían la ayuda y se les podía requerir la devolución de lo cobrado desde la fecha en la que debían haberse revisado. En muchos casos eran usuarios que padecían demencia senil o alzheimer.

La conselleria paralizó entonces estos expedientes, que afectaban a 1.270 dependientes. Para entonces, desde que el Pacto llegó de nuevo al Govern en julio el pasado año, Asuntos Sociales ya había firmado la expulsión del sistema de un centenar de usuarios por este motivo. En la pasada legislatura, entre 2011 y 2015 con el Govern del PP, los expulsados por este motivo fueron 2.200 dependientes, según los datos de la Conselleria. Santiago precisó que eso no significa que al pedir de nuevo la ayuda no volvieran a integrarse en el sistema de dependencia, pero mientras se producía el perjuicio.

Con la modificación ayer del Decreto del procedimiento normativo autonómico, la responsabilidad de iniciar la revisión de los grados será de la administración autonómica y no del dependiente, su cuidador, tutor o representante legal. De este modo, no perderán la ayuda si no recuerdan acudir a la revisión ni se les podrá requerir la devolución de los cobrado con carácter retroactivo por este motivo, ya que la responsabilidad de las revaloraciones será de la administración.

Además, los dependientes que estén ya en una residencia no se someterán a más revisiones sobre su grado, evitando las situaciones en las que, al mejorar en su autonomía personal gracias a la atención continuada en el centro residencial, debían abandonarlo. Santiago resaltó que en muchos casos estas personas ni siquiera tenían ya vivienda.

Junto a ello, a partir de ahora una persona con dependencia con derecho a una plaza de residencia que lleve más de 60 días esperando a que se la den, al no haber disponibles, podrá disponer de una prestación económica para la atención en su entorno familiar, una posibilidad que ya existía y que se retiró en la pasada legislatura.

Además, a partir de ahora será compatible la ayuda domiciliaria con una prestación económica, siempre que entre las dos no superen la totalidad del coste de los servicios. En este sentido, con la modificación de la normativa se podrán combinar servicios y prestaciones, con el fin de asegurar la permanencia de los dependientes en su domicilio y promover su autonomía personal.

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