El juez José Castro activó ayer otro juicio oral contra el expresident del Govern del PP Jaume Matas y su exdirector general de Deportes, Pepote Ballester, por la contratación irregular, en 2006, de los hermanos Luis y Jaime García Ruiz como arquitectos del velódromo público Palma Arena. Castro imputa a Matas y Ballester sendos delitos de fraude a la Administración y de falsedad.

La imputación se ha hecho dentro de la pieza separada 9 del caso Palma Arena. Hace unos días Castro también dictó un auto similar contra Matas y Ballester, a los que acusó de varios delitos por la supuesta contratación irregular del primer arquitecto del Palma Arena, Ralf Schürmann.

Los hermanos García Ruiz empezaron como ayudantes de Schürmann, que fue fichado a dedo por el Govern de Jaume Matas en 2004 debido a su experiencia en la construcción de velodrómos y a que, según sostuvo el director general de Deportes, su intervención garantizaba que la Unión Ciclista Internacional iba a homologar la pista, algo que no ocurrió.

Según Castro, Matas y Ballester idearon la forma de destituir a Schürmann y poner en su lugar a los dos arquitectos mallorquines.

El instructor mantiene que la contratación también fue delictiva porque no se convocó ningún concurso y se actuó al margen del procedimiento administrativo.

Contrato irregular

El juez destaca que varios expolíticos y antiguos altos cargos que formaron parte del consorcio público para erigir el Palma Arena declararon que Pepote Ballester llevaba la voz cantante sobre todo lo relativo a la construcción.

Estos testigos aseguran que el nombre de los García Ruiz les vino impuesto por el Govern y que nunca revisaron el contrato de estos dos arquitectos.

El auto también atribuye a los dos acusados la responsabilidad en las irregularidades de un contrato que firmó GR1, la sociedad de los García Ruiz, con el consorcio para la construcción del Palma Arena.

Según el magistrado, pese a que en ese contrato se habla de que se invitaron a más empresas únicamente fue GR1 la convidada y contratada.

El consorcio pactó pagar casi 8,6 millones de euros a GR1, de los que 3,2 millones eran para contratar al ingeniero y aparejador intervinientes en el proyecto e "invertir en gastos de gestión y de publicidad". El resto, 5,3 millones de euros, estaba destinado a los honorarios propiamente dichos de los dos hermanos.

José Castro califica ese contrato de "aberración jurídica", porque, entre otras cosas, permitía a los dos arquitectos contratar a otros técnicos y abonar gastos de la construcción de la pista.

El instructor da un plazo de diez días a la fiscalía anticorrupción y a la abogacía del Govern para redactar su escrito de acusación contra Matas y Ballester. Este último selló en 2009 un pacto e conformidad con la fiscalía anticorrupción que se viene aplicando en todas las piezas separadas del caso Palma Arena.