El expresident del Govern del PP Jaume Matas está negociando, al igual que otros acusados en el caso Nóos, un acuerdo in extremis con la fiscalía anticorrupción para minimizar su posible condena. De forma paralela, tres exaltos cargos de su Ejecutivo, Gonzalo Bernal, Miquel Àngel Bonet y Juan Carlos Alía, ultiman con anticorrupción sendos pactos para conseguir condenas más benignas. Hoy, y las jornadas que quedan hasta el próximo martes, día de la reanudación de la vista oral, serán claves para las posibles conformidades.
Como ha ocurrido en otros sumarios de corrupción, la proximidad de la vista oral ha estimulado a los abogados defensores a acercarse a la fiscalía anticorrupción para buscar una solución pactada y dialogar.
Oficialmente en el caso Nóos hay ya dos arrepentidos dentro de los 18 acusados: el exdirector general de Deportes con Matas, José Luis-Pepote Ballester y Marco Tejeiro, el excontable del entramado dirigido por Iñaki Urdangarin y Diego Torres. A estos podrían unirse en breve otros implicados: Bernal, Bonet y Alía y Matas, que estaría buscando un pacto global para todas las causas de corrupción que tiene abiertas, entre ellas la más inmediata de Nóos.
Once años de cárcel
La fiscalía reclama para Jaume Matas once años de cárcel y el pago, junto a otros acusados, de una indemnización al Govern de unos 2,5 millones de euros por el caso Nóos. Según el fiscal Pedro Horrach, el entonces president del Govern Jaume Matas se plegó a los deseos de Iñaki Urdangarin y ordenó a sus subordinados, cuatro de los cuales también están acusados, que se le diera dinero público para proyectos sin interés para el bien común. Pepote Ballesteros corroborará sin fisuras la versión del fiscal sobre el papel de Matas. Bernal, Bonet y Alía podrían confirmar también que recibieron órdenes del entonces president de dar carta blanca al yerno del rey Juan Carlos. Matas tendría, con esos testimonios, muy mala defensa. Matas, en un gesto para facilitar el pacto, ha ofrecido la mitad de su palacete de Palma para cubrir los 2,5 millones que se le reclaman.
El fiscal Pedro Horrach imputa al también exministro la comisión de varios desvíos de fondos públicos, relacionados con los dos foros sobre turismo y deporte que, entre 2005 y 2006, organizó Iñaki Urdangarin en Palma. Horrach también le responsabiliza del amaño de contratos públicos en favor del yerno del rey Juan Carlos y relacionados con el patrocinio por el Govern del equipo ciclista Illes Balears.
La fiscalía agrupa todos los hechos y pide para el también exministro de Medio Ambiente ocho años de prisión y 20 años de inhabilitación absoluta por un delito continuado de malversación de caudales públicos, vinculado a otros continuados de prevaricación y falsedad de documento público. También se le atribuye un delito continuado de fraude a la Administración, por el que se le solicitan 3 años de cárcel y 10 años de inhabilitación especial.
Urdangarin y Torres
De forma paralela, fuentes próximas al caso Nóos dieron por hecho, hace unas semanas, que los principales acusados, Diego Torres e Iñaki Urdangarin, habrían sellado un acuerdo con la fiscalía, pacto que se conocería a lo largo del actual mes, como adelantó esta diario.Las condiciones para esta conformidad exigidas por anticorrupción pasarían por admisión de los hechos delictivos, devolución del dinero público desviado y penas de cumplimiento en prisión. El fiscal Pedro Horrach ha declarado que está abierto a acuerdos siempre que se den esos requisitos. No obstante, Diego Torres señaló a este diario tras la primera sesión del juicio que no está dispuesto a declararse culpable y que luchará por su inocencia.
