Los 18 acusados del caso Nóos, incluidos la infanta Cristina y su marido, Iñaki Urdangarin, tienen tiempo hasta que el juicio se retome en Palma el próximo martes y comiencen las declaraciones ante el tribunal para intentar alcanzar pactos con las acusaciones que podrían reducir sus eventuales condenas.

Estos acuerdos, que implican concesiones de los acusados para que las acusaciones admitan aplicar alguna circunstancia atenuante en sus peticiones de pena, son factibles hasta que comiencen los interrogatorios ante las tres magistradas que juzgan el caso.

La posibilidad de que alguno de los acusados alcance un acuerdo pasa por tres condiciones: la reparación del daño causado, el reconocimiento de delitos y la colaboración para aclarar los hechos.

Según indicó recientemente el fiscal del caso Nóos, Pedro Horrach, dichos acuerdos "se pueden producir en cualquier momento" y en la mayoría de los casos se cierran "minutos antes de celebrarse el juicio".

En su escrito de acusación, el fiscal ya tuvo en cuenta la colaboración con la Justicia por parte de dos de los acusados en el caso, el exdirector general de Deportes del Govern balear, José Luis "Pepote" Ballester, y el que fuera contable del Instituto Nóos, Marco Antonio Tejeiro. Para ambos indica que concurre la circunstancia muy cualificada de confesión y pide sendas condenas de 2 años de prisión.

El pasado 28 de enero, Ballester ya se benefició de un acuerdo con la Fiscalía a cambio de su colaboración en otra pieza del caso Palma Arena al alcanzar un acuerdo de conformidad que implicaba confesar que prevaricó al adjudicar unas obras y le supondrá una condena de 9.000 euros de multa.

Marco Antonio Tejeiro confesó en julio de 2014 en un escrito dirigido al fiscal Horrach que tuvo conocimiento de prácticas corruptas en torno al Instituto Nóos de las que responsabilizó a sus dos máximos responsables, su cuñado Diego Torres e Iñaki Urdangarin, a los que definía como "auténticos jefes y líderes" de la trama.

La abogada Virginia López Negrete, que representa a otra de las acusaciones, el sindicato Manos Limpias que ejerce la acción popular, advierte de que esos pactos "no valen de nada si no se hacen con todas las acusaciones", ya que si se alcanzan únicamente con alguna de ellas, las demás pueden seguir adelante sin modificar sus calificaciones de los hechos y peticiones de penas.

Al margen de los pactos, los acusados también tienen la posibilidad de asegurarse una atenuante de reparación del daño si consignan con este fin ante el tribunal dinero o algún bien antes del inicio del juicio.

Es lo que hizo el expresidente del Govern y exministro Jaume Matas, quien el 8 de enero, tres días antes de que empezara la vista oral, puso a disposición de la Audiencia de Baleares su vivienda de Palma para "reparar el daño causado" en el caso Nóos.

Matas está acusado de los delitos de prevaricación, malversación, fraude y tráfico de influencias, presuntamente cometidos por hacer que el Govern balear contratara al Instituto Nóos al margen de la legalidad y lo beneficiara con 2,5 millones de euros, por lo que podría ser condenado a 11 años de reclusión.

La vivienda que puso a disposición del tribunal fue tasada en 2006 en 2.477.550 euros y sobre ella pesa una hipoteca de la que está pendiente el pago de 484.552.