La Audiencia Provincial de Baleares ha rechazado aplazar la fecha de continuación del juicio del caso Nóos, prevista para el próximo 9 de febrero, desestimando de este modo la petición del exsocio de Iñaki Urdangarin al frente del Instituto Nóos, Diego Torres, quien puso en conocimiento del tribunal que aquélla coincide con el señalamiento de nuevas fechas en relación a otra vista oral en la que está personado en la Audiencia Nacional.
Mediante una providencia, el tribunal encargado de juzgar a los 18 acusados del caso Nóos justifica que el señalamiento de la vista oral de esta causa es anterior a la de la Audiencia Nacional, por lo que debe celebrarse antes.
En su escrito, el abogado de Torres, para quien la Fiscalía Anticorrupción reclama 19 años y medio de cárcel por presuntamente apoderarse, junto a Urdangarin, de más de seis millones de euros de Baleares, Madrid y Comunidad Valenciana, señalaba de hecho que "todo enfila a pensar" que es prioritaria la celebración del juicio de Nóos, si bien dejaba en manos del tribunal deliberar al respecto.
El juicio arrancó el pasado 11 de enero y entre los acusados que se sientan en el banquillo se encuentra la Infanta Cristina, para quien el tribunal de la Sección Primera decidió no aplicar la doctrina Botín y que pueda ser así juzgada con la sola acusación de Manos Limpias, que reclama ocho años de cárcel para ella como cooperadora necesaria de dos delitos fiscales.
Está previsto que la vista oral se prolongue hasta el 30 de junio, si bien podría verse drásticamente reducido en caso de que se produjera un pacto con los principales procesados de la causa antes del 9 de febrero, con la consecuente devolución de los fondos presuntamente defraudados.
La Fiscalía Anticorrupción sostiene que Urdangarin y Torres urdieron "una maraña de facturación ficticia" para desviarse más de seis millones de euros de las Administraciones públicas y, para ello, utilizaron el Instituto Nóos, al que manejaron "a su antojo" junto a otras mercantiles de su propiedad para que "operasen al servicio de sus intereses comerciales".
El Ministerio Público apunta asimismo a que ambos exsocios urdieron una red fiduciaria de la que presuntamente se sirvieron para desviar fondos al extranjero y evadir el dinero obtenido de las Administraciones públicas, ocultando de este modo a sus verdaderos beneficiarios y tributando menos que en España.
Se trata de una estructura en la que jugaron un papel fundamental las mercantiles Blossom Hills (en Belice) y De Goes For Stakeholder Management (Reino Unido).
