El juicio del caso Nóos

La Infanta seguirá en el banquillo porque el delito fiscal afecta a todos

Las tesis de Roca, Horrach y Ripoll para exculpar a la exduquesa de Palma del banquillo han saltado por los aires con el auto

30.01.2016 | 02:29
La infanta Cristina el pasado día 11 en el juicio.

Las claves

  1. Supuestos distintos: El caso de la Infanta no es similar al de Emilio Botín o Juan Mari Atutxa

    La sala primera de la Audiencia sostiene que el caso de la infanta Cristina en Nóos no es igual al del banquero Emilio Botín o el exdirigente del PNV Juan Mari Atutxa. Por lo tanto no se pueden aplicar las doctrinas Botín o Atutxa a este supuesto.
     
  2. Críticas al alto tribunal: El Supremo hizo una interpretación parcial de la ley procesal

    La Audiencia critica al Tribunal Supremo por hacer, con la doctrina Botín, una interpretación literal y parcial de la Ley de Enjuiciamiento Criminal lo que salvó al fallecido banquero del juicio.
     
  3. Un mes de banquillo: Doña Cristina tendrá que ir al juicio a lo largo de febrero

    Doña Cristina tendrá que pasar al menos el mes de febrero en el banquillo de los acusados.
     

Otras cuestiones previas

  • El banquillo de acusados sigue igual

    La no aplicación de la doctrina Botín a la Infanta se extiende, sostiene la sala primera de la Audiencia, a otros acusados, cuyos abogados también habían cuestionado la legitimidad de las acusaciones populares Manos Limpias y exediles socialistas del Ayuntamiento de Valencia para pedir condena en solitario a sus clientes.
    Así el banquillo de acusados del caso Nóos seguirá igual, con 18 personas. Las cuestiones previas desestimadas afectaban al exvicealcalde de Valencia con el PP Alfonso Grau; el asesor empresarial Salvador Trinxet, y la esposa y cuñado de Diego Torres, Ana María Tejeiro y Miguel Tejeiro.

La sección primera de la Audiencia de Palma dictó ayer un contundente auto donde dispone que la infanta Cristina sea juzgada por dos delitos fiscales, dado que se trata de hechos que afectan a todos los españoles y cualquiera puede ejercer la acusación popular contra los mismos. El tribunal cuestiona la doctrina Botín, cuya aplicación reclamaron varias defensas, y afirma que es una interpretación desnaturalizada de la figura del acusador popular y una lectura parcial (no sistemática) de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
El auto de las magistradas Samantha Romero, Rocío Martín y Eleonor Moyà contiene 84 páginas de argumentos técnicos legales y sin alusiones directas a las posturas del fiscal Pedro Horrach y de la abogada del Estado Dolores Ripoll en favor de exculpar a doña Cristina sin hacerle pasar por el juicio oral.

Las tesis de Horrach, Ripoll y de los abogados de la Infanta (Miquel Roca y Jesús Silva) respecto a que la acusación popular en nombre de Manos Limpias, ejercida por Virginia López Negrete, carecía de legitimación para acusar en solitario de dos delitos fiscales a doña Cristina han saltado por los aires tras el auto.
A estas partes únicamente les queda formular su protesta el día del reinicio de la vista (el próximo 9 de febrero) o repetir sus alegatos en un futuro recurso de casación ante el Supremo, tras la sentencia.
Por el contrario, el tribunal recoge íntegramente las tesis del juez Castro, instructor del caso Nóos, y de la sección segunda de la Audiencia partidarios de que doña Cristina fuera juzgada pese a que únicamente pide condena para ella la acusación popular.
Los que querían salvar a la Infanta pidieron que se aplicara la doctina Botín, una sentencia del Tribunal Supremo de 2007 que exculpó sin juicio al fallecido banquero Emilio Botín al negar legitimidad a la acusación popular para acusarle en solitario (ni fiscal ni acusación particular pedían su condena).
Esta sentencia fue matizada un año después por el Alto Tribunal con la doctrina Atutxa, donde sí se toleró una acusación popular en solitario en delitos que afectan "a bienes de titularidad colectiva, naturaleza difusa o de carácter metaindividual".

Escenario distinto

El tribunal explica que el caso Nóos no es similar a los de Emilio Botín o el expresidente del Parlamento Vasco Juan Mari Atutxa, por lo que, apriori, las correspondientes doctrinas Botín y Atutxa no son de aplicación.
En el caso Nóos fiscalía y Hacienda (abogacía del Estado) acusan de delitos fiscales a Iñaki Urdangarin y Diego Torres, pero no piden la condena para sus respectivas mujeres (Cristina de Borbón y Ana María Tejeiro), a las que sí exigen que devuelvan (vía responabilidad civil) el dinero de origen ilícito que se gastaron en asuntos particulares.
Las defensas, y el fiscal, alegaron que si a la Infanta no se le daba el mismo tratamiento que a Emilio Botín se estaría quebrando el principio de igualdad constitucional ante la Ley. El auto rechaza de plano esa discriminación, porque –insiste– son supuestos diferentes.
Pero las magistradas, van más lejos y se atreven a desmontar las tesis del Tribunal Supremo plasmadadas en la doctrina Botín, que contó con varios votos en contra.

La Audiencia de Palma mantiene que el Supremo hizo una interpretación literal y parcial de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que es contraria a la lectura sistmática de esa norma. El auto también rechaza que, como sostuvo el Supremo, las Cortes al reformar en 2002 la citada Ley quisieran vetar la acusación popular si fiscal y acusación particular pedían el sobreseimiento.
La sala primera también rechaza el alegato de Dolores Ripoll, abogada del Estado jefa, respecto a que las acusaciones populares no pueden acusar en delitos fiscales, algo que solo es prerrogativa de la Agencia Tributaria.
Ripoll dijo que Hacienda somos todos es solo un eslogan. La Audiencia le replica con varias sentencias del Supremo donde se reconoce que los fraudes fiscales afectan a todos. El delito fiscal es una "inadmisible vulneración de los principios de solidaridad tributaria inexcusables en una sociedad democrática", recuerdan.

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