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Análisis

Castro se impone a la maquinaria del Estado

La Audiencia frustró su pretensión de sentar en el banquillo a la hermana del Rey por tráfico de influencias pero el juez no tiró la toalla, exploró la vía del delito fiscal y ahora el mismo tribunal refrenda que sea juzgada

Castro y Horrach charlan en la terraza de un bar de Palma.

"Yo no he conseguido nada, se ha hecho", contenía ayer la satisfacción en sus adentros José Castro porque la Infanta deba continuar asistiendo al juicio. Bien sabe el juez que no se ha hecho solo. Durante los últimos años el titular del juzgado de instrucción 3 de Palma ha tenido frente frente al Estado, empeñado en salvar a la Corona española de la estigmatización social del banquillo.

En la memoria más reciente resuenan todavía los argumentos de Pedro Horrach o de Dolores Ripoll, en la primera sesión del juicio por el caso Nóos, protestando por la presenci en la sala de la Infanta Cristina. Sin sorpresas, el fiscal se mantuvo coherente en su línea desde que se truncó su implacable tándem con el magistrado para atajar la corrupción local. Peor parada salió la abogada del Estado, al confesar que para éste no todos los españoles deben contribuir por igual.

A lo largo de la instrucción los esfuerzos jurídicos de la Fiscalía y la Abogacía estatal para evitar que Cristina de Borbón tuviera que sentarse junto al resto de acusados han venido acompasados de ataques velados más imponentes contra Castro. "Estoy convencido de la inocencia de la Infanta, y de que las cosas le irán bien", llegó a mojarse un Mariano Rajoy equidistante en público de sus correligionarios implicados en sumarios por corrupción. La Zarzuela no se quedó atrás. El propio jefe de la Casa del Rey en 2014, Rafael Spottorno, apremió en TVE a Castro para que cerrara de una vez la fase de instrucción del caso Nóos, afeándole el "martirio" que estaba infligiendo a la Corona.

Frente a la poderosa maquinaria estatal, Castro ha aguantado las presiones. También soportó estoico el fuerte revés judicial cuando la Audiencia le dio portazo a imputar a la Infanta por tráfico de influencias. Su hoy presidente, el magistrado Diego Gómez-Reino, frustró sus pretensiones pero al mismo tiempo le abrió al vía de investigar a la hermana del Rey por el delito fiscal. El juez Castro cogió el guante a su colega y se enfrascó en arduas pesquisas en las que chocó nuevamente contra la Agencia Tributaria, perezosa en la entrega de informes y presta a cambios de criterio.

En su auto de apertura del juicio oral, Castro decidió no callarse nada y poner al fisco contra sus propias cuerdas: "La Administración Tributaria [...] decidió llevar a cabo unas amplias campañas institucionales de pretendida concienciación tributaria entre las que habrá de ser resaltada, por ser un clásico del que se ha hecho un prolífico uso, las más de las veces cargado de ironía, la de que 'Hacienda somos todos' y las muy recientes que cierran un diálogo con el eslogan oficial de la campaña: 'Lo que tú defraudas, lo pagamos todos'. Esto fuerza a plantearse la naturaleza del delito contra la Hacienda Pública como atentado a un bien jurídico colectivo de interés general y que por tanto no vulnera un bien jurídico individual".

El juez se permitía recordar que "ante un determinado volumen de evasión fiscal, el Gobierno de turno, que ve disminuidos sus ingresos, efectúa una automática compensación recortando los servicios públicos, aumentando la presión fiscal o, lo que es más frecuente, ambas cosas a la vez, pero en todo caso es el indeterminado colectivo de los ciudadanos el que se ve directamente afectado por el delito".

Castro reivindicó que la acción popular tenía legitimidad para llevar a la Infanta a juicio por cooperadora en fraude fiscal, aunque nadie más acusara. "Llegar a la conclusión de que en los delitos contra la Hacienda Pública el perjudicado, o el único perjudicado, es la Abogacía del Estado sería tanto como decir que ante un fraude del que fuera víctima una comunidad de propietarios el perjudicado sería su administrador y no aquéllos", remachó.

La doctrina Botín era su último escollo. La misma Audiencia que le tumbó en el primer round le confirma ahora todos sus postulados. Incluso Horrach, al que se critica no por su tesis de exculpación penal de la Infanta -jurídicamente muy respaldada-, sino por llevar al extremo la sobreprotección de la imputada VIP, alabó ayer la solidez del auto que da la razón a Castro en su larga cruzada en solitario. Aunque ha exhibido más de un tic de juez estrella, la ciudadanía se ha aliado con él en defensa de un trato igualitario ante la Justicia. La sentencia, ya se sabe, será otra cosa.

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