El juez José Castro autorizó ayer la venta de los dos pisos, dos aparcamientos y dos trasteros que la infanta Cristina y su marido Iñaki Urdangarin poseen en la calle Pedrera de Palma y que están embargados parcialmente para cubrir la fianza de responsabilidad civil del segundo en el caso Nóos. El instructor dio luz verde a la operación pese a que los compradores de los inmuebles han ofrecido 250.000 euros, cuando una empresa tasadora los ha valorado en 317.000 euros. Las propiedades están a nombre de Aizoon, la inmobiliaria y consultoría que los exduques de Palma poseen desde 2003 y que, presuntamente ,usaron para defraudar a Hacienda y, Urdangarin, desviar fondos públicos.

Urdangarin pidió permiso al juez para esta operación el pasado 21 de octubre y afirmó que tenía una oferta de 250.000 euros. La acusación popular Manos Limpias se opuso a la operación y la Abogacía del Estado, representante de Hacienda, expuso la conveniencia de contar con una tasación de las fincas.

Castro pidió a Iñaki Urdangarin que aportara esa valoración de los pisos, informe que la defensa del cuñado del Rey aportó el pasado 26 de noviembre.

Según las cuentas que Urdangarin presentó en el juzgado de instrucción 3 de Palma, tras la venta de sus propiedades únicamente va a quedar un remanente limpio de unos 27.000 euros, que serán entregados para cubrir su fianza millonaria.

Sobre los pisos pesan sendas hipotecas, que habrá que cancelar, además se tendrán que pagar los preceptivos impuestos y abonar la comisión a la inmobiliaria que ha intermediado en la operación.

Castro, en el auto donde aprueba la compraventa, señala que la oferta dirigida a los exduques de Palma es "escasa", pero no parece disparatada si se tiene en cuenta la crisis inmobiliaria.

Por otro lado, Castro emplazó a Diego Torres a que cuantifique la suma exacta que necesita para poder pagar sus gastos del juicio del caso Nóos en Palma (viajes, estancia y abogado) y que hay que sacarla de los fondos embargados por el juzgado.