Tribunales

Ballester ratifica el pacto con la fiscalía y asume un delito de prevaricación

El exdirector general de Deportes confiesa que realizó una contratación ilegal por unas obras en el polideportivo palmesano Príncipes de España

29.01.2016 | 10:00
Ballester, sentado en el banquillo junto a los otros dos acusados de fraude y prevaricación.

El medallista olímpico y antiguo director general del área de deportes del Govern, Pepote Ballester, escenificó ayer por primera vez el pacto que hace ya meses alcanzó con la fiscalía Anticorrupción, con respecto al caso Palma Arena. Por primera vez se sentó ayer en el banquillo de los acusados para responder de una acusación de prevaricación y fraude a la administración, por la concesión ilegal de unas obras a unos constructores de su confianza, que se realizaron en el polideportivo Príncipes de España, en Palma.

Ballester, defendido por los abogados Angel Aragón y Joan Pinya, asumió ayer la culpabilidad de dichos delitos, que le supondrán el pago de una multa de 9.125 euros, pero que en ningún caso le obligarán a ingresar en prisión. De hecho, con el pacto que acordó con la fiscalía se descarta por completo su entrada en la cárcel, ya que en otras causas en las que está implicado, ha colaborado con el fiscal aportándole información, a cambio de una serie de atenuantes.

El mismo pacto alcanzaron ayer también los otros dos acusados, el arquitecto y el constructor que participaron en esta obra. Ambos pagarán también una pena de multa.

Ballester, según declarará probado la sentencia, ha confesado que otorgó dicha obra a través de un procedimiento ilegal, pues se trató de un encargo directo, cuando era necesario convocar un concurso público. De hecho, el exdirector general encargó verbalmente un presupuesto para construir un nuevo almacén en el polideportivo. Uno de los acusados redactó dicho presupuesto, calculando que las obras costarían unos 8.000 euros.

El presupuesto convenció a Ballester, quien también verbalmente les encomendó el inicio de las obras. Sin embargo, modificó el proyecto inicial, y en lugar de construir un almacén, decidió realizar unos nuevos vestuarios. El presupuesto se disparó hasta los 160.000 euros. A pesar de que se trataba de una obra mayor, a tenor del presupuesto, Ballester tampoco convocó ningún concurso de contratación y otorgó el proyecto a los dos acusados. Este fraude a la administración se descubrió como consecuencia del caso Palma Arena, en el que Ballester fue uno de los primeros detenidos.

Asume el delito
El exdirector general, que fue nombrado por Matas, admitió que no cumplió los requisitos administrativos para evitar la convocatoria de un concurso. No solo era consciente de la irregularidad que se cometía, sino también lo eran los dos constructores, como reconocieron ayer.

Aunque se le imponga una pena de seis meses de prisión, la sanción será sustituida por una multa. Además, también se le condenará a una pena de inhabilitación de dos años y ocho meses.

La fiscalía ha tenido en cuenta, la colaboración que ha mostrado Ballester y los otros dos acusados con la investigación. Aún así, el fiscal Horrach señala en su escrito de acusación que la actuación de Ballester respondió a "un pacto verbal, fruto de decisiones arbitrarias adoptadas mediante el ejercicio abusivo de poder, cuya finalidad era únicamente beneficiar a una determinada entidad al margen de cualquier consideración relativa a la necesidad de concurrencia, igualdad y transparencia".

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