El colapso en la Agencia de Disciplina Urbanística (ADU) del Consell de Mallorca, denunciado el lunes por la consellera insular de Territorio, Mercerdes Garrido, provocó ayer el contrataque del PP. Mauricio Rovira, actual portavoz popular en el Consell y exconseller de Territorio en la pasada legislatura, negó de forma rotunda que se ocultaran en los cajones los expedientes y las órdenes de demolición, como aseguró Garrido.
La consellera socialista indicó que el colapso en la ADU se debía a que había 1.206 expedientes sin tramitar, 150 órdenes de demolición sin ejecutar y más de 70 recursos de infractores presentados contra los expedientes que tampoco se habían resuelto. Rovira afirmó ayer a este periódico que cuando el PP llegó en 2011 al Consell se encontró con 700 expedientes que eran de la época en que la actual presidenta del Govern, Francina Armengol, comandaba la institución insular.
El conseller del PP puso en duda las cifras de Garrido: "Si en una legislatura se tramitan, de media, unos 250 expedientes de sanciones, es imposible que en un período de gobierno de cuatro años se hayan acumulado más de mil expedientes sin resolver". Rovira insistió en que la mayor parte de los expedientes urbanísticos aludidos por Garrido proceden de épocas anteriores a su legislatura 2011-2015. "Son expedientes antiguos que se remontan a la época de Francina Armengol al frente del Consell, e incluso aún más allá", aseveró.
Argumentan falta de dinero
El PP justificó con la falta de recursos económicos el no haber reactivado la agencia encargada de perseguir las construcciones ilegales en el suelo rústico de Mallorca. "Simplemente -aseveró Rovira- asumimos que era una situación lógica teniendo en cuenta la falta de medios técnicos, operativos, legales y económicos del Consell para hacer frente a esta acumulación de trabajo. A pesar de los reajustes presupuestarios originados por la crisis, que se tradujeron en un 15 por ciento de reducción de las partidas globales de la institución, la Agencia de Disciplina Urbanística mantuvo su dotación económica y también sus recursos humanos".
El dirigente se congratuló de que con la mejora de la financiación del Consell y el incremento de ingresos "ahora haya dinero para contratar a más personal para combatir las obras ilegales, nosotros no pudimos contar con más funcionarios porque no podíamos ni pagar las nóminas".
Mauricio Rovira también rebatió las afirmaciones de Garrido cuando apuntó que no tenían ni material para que los inspectores precintaran las infracciones. En este aspecto recordó que la nueva Ley del Suelo impulsada por el PP es la que ha permitido que el Consell pueda actuar en todos los municipios y le dé cobertura legal para precintar las obras. "Se trata de una ley aprobada en 2014 y por ello es ahora cuando deben poner en marcha los precintos".
Por último, el exresponsable de Territorio insular recordó que el objetivo era dar salida a los expedientes que suponían una mayor gravedad o exigían una actuación más inmediata".
