El que fuera secretario autonómico de Educación durante la aplicación del TIL, Guillem Estarellas, ha sido citado a declarar el próximo día 8 de febrero por los expedientes, la suspensión de empleo y sueldo así como de la función directivo que dictaminó contra tres directores de centros educativos de Maó.

Jaume Boned, Margalida Seguí y Rafael Andreu estuvieron expedientados catorce meses durante la legislatura pasada (dos meses además estuvieron suspendidos de empleo y sueldo y pasaron seis meses apartados de la función directiva) porque votaron en contra de los cambios que la Conselleria quería que hicieran en su proyecto lingüístico.

Una vez cerrados los expedientes, presentaron una querella por presunta prevaricación contra Estarellas; el ex director general de Recursos Humanos, Bartomeu Isern; y el inspector de educación que instruyó los procedimientos, José Ramón Mestre. La querella fue admitida a trámite el pasado junio y a partir de día 8 empezarán a declarar los implicados, comenzando por Estarellas.

Los directores argumentan que el proceso se caracterizó por las irregularidades, la arbitrariedad y la falta de transparencia.