Ayer el Parlamento dio el sus para que la lengua catalana recupere el estatus que tenía en la Administración antes del Govern Bauzá. El retorno al consenso en de normalización lingüística de 1986 y a que el catalán sea un requisito para ser funcionario (en lugar de solo un mérito) debía haberse aprobado hace semanas, según la hoja de ruta del tripartito de izquierdas. El retraso se debe a las serias dudas técnicas y jurídicas que se han abierto en la conselleria de Administraciones Públicas para suprimir el Nivel 33. La medida inicialmente iba en el mismo pack que los cambios legales sobre el catalán, pero ahora tendrá que esperar.
Todo ello debe venir regulado por la ley de Función Pública de las Illes Balears, por lo que la reforma que debía aprobar el Govern Armengol incluía tanto el requisito del conocimiento del catalán para los aspirantes a una plaza de funcionario como la eliminación del llamado 'plus político'. Finalmente, han tenido que ser los partidos del Pacto y El Pi los que han posibilitado los cambios legales referidos a la lengua autóctona, mediante dos proposiciones de ley que ayer se debatieron en pleno.
El principal escollo al que se enfrentan los partidarios en el Govern de suprimir el Nivel 33 es cómo impedir que determinados expolíticos, como los exalcaldes, puedan acogerse al Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) y reclamar el abono del incremento salarial.
Agravios
Al ser ésta una norma de rango estatal, surge el interrogante de si los funcionarios que tienen reconocido el Nivel 33 por esta vía pueden ver conculcado su derecho con una ley autonómica. Dicho de otro modo, el Govern ignora con absoluta seguridad si aunque llegue a aprobar la supresión definitiva del 'plus político' haya funcionarios que lo sigan cobrando por trabajar en otras Administraciones distintas a la autonómica, constituyendo un agravio.
PSOE y Més son conscientes del coste para su imagen que puede suponerles dar marcha atrás a una de sus promesas estrella de la legislatura, y con la que según algunas voces han hecho demagogia. No obstante, el Govern quiere evitar que los tribunales le tumben en el futuro la eliminación del Nivel 33 y deba indemnizar a los perjudicados con elevadas sumas. Teme las consecuencias económicas de erradicar la polémica prebenda, por lo que baraja ahora la citada medida intermedia.
