La mejora de la financiación será uno de los objetivos principales del Govern en los próximos seis meses. Así lo adelantó ayer el vicepresidente Biel Barceló, que también anunció un frente común con la Comunitat Valenciana con este fin, la negociación de un nuevo Régimen Especial y la creación de una comisión de expertos para que asesoren al Ejecutivo en la negociación con Madrid. Dentro de este paquete está la condonación de una parte de la deuda que el Govern tiene contraída con el Gobierno central, que podría rondar unos 700 millones de euros.
Biel Barceló, indicó ayer que este dinero, correspondiente a líneas de ayuda como el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) impulsadas por el Gobierno central, podrían considerarse adelantos de futuras aportaciones del sistema de financiación e incluso parte del déficit histórico acumulado por el trato injusto de Madrid con respecto a la financiación de las islas".
Desde el Govern recordaron que el total del dinero adelantado por Madrid mediante el FLA son 4.000 millones de euros y creen que la condonación total de esta cantidad haría justicia a la deficiente financiación que han sufrido las islas por parte del Estado. "Consideramos -aseveró Barceló- que el dinero adelantado por Madrid corresponde a recursos propios que ya han puesto los ciudadanos de Balears, por lo que nuestra posición es pedir el máximo de la condonación".
El vicepresidente Barceló realizó este anuncio durante la reunión de objetivos del Govern celebrada ayer en el Molinar. Un encuentro organizado para que el Ejecutivo de izquierdas, con todos sus consellers y directores generales, decidiera los objetivos para este próximo semestre.
La estrategia de las islas pasa por conseguir alianzas con otras comunidades afines. Es el caso del frente común que quieren hacer con la Comunidad Valenciana y que ya se ha programado una reunión entre los máximos responsables de la Generalitat y del Govern balear para mediados de febrero.
Otro de los grandes objetivos que se ha marcado el Ejecutivo de izquierdas es el inicio de las acciones para cambiar el modelo productivo de las islas y no tener que depender en exclusiva del monocultivo del turismo. En este sentido, Biel Barceló anunció una comisión de trabajo entre organizaciones empresariales y sindicales, en colaboración con la oficina de estrategias de la Universidad de les Illes Balears (UIB), para elaborar una hoja de ruta sobre el nuevo modelo productivo.
El vicepresidente del Govern también se refirió al techo de turistas. Respecto al nuevo modelo turístico, Barceló señaló que "debemos tener en cuenta la sostenibilidad y se debe establecer un techo máximo de turistas". Además, consideró que la reforma de la Ley Turística y el impuesto de turismo sostenible, entre otras medidas, como la creación de una Comisión de Impulso de Turismo Sostenible, ayudarán a este cambio de modelo.
Un gran pacto educativo
Por su parte, la presidenta del Govern, Francina Armengol, explicó que otra de las metas que se ha marcado su Ejecutivo es alcanzar un "gran pacto político y social sobre la educación". Este acuerdo quieren que esté refrendado por todos los agentes sociales, la comunidad educativa y las máximas fuerzas políticas posibles. Este gran pacto para la educación, indicó Armengol, debe desembocar en la nueva Ley Educativa. Francina Armengol recordó el decreto de lenguas presentado la pasada semana con el conseller de Educación, Martí March: "Lo que estamos haciendo es volver a la normalidad de las cosas en materia educativa después de cuatro años de crispación".
La presidenta se refirió a un gran pacto de alcance social y político en la línea que ha venido pidiendo toda la comunidad educativa isleña. También recordó que este curso se han incrementado de forma importante los recursos educativos y por primera vez en años se ha iniciado el periodo escolar de forma "normal".
El otro gran objetivo por el que trabajará el Govern será en los temas de transparencia hacia la ciudadanía y de lucha contra la corrupción. Es por ello que en los próximos meses se pondrá en marcha la Oficina Anticorrupción, que tendrá su sede en el Parlament, la elaboración de un Plan Estratégico sobre la transparencia de la administración y el código ético que deberán seguir los principales cargos públicos.
